La titular del Juzgado de Instrucción número Tres de Almería, Ana Belén Vico, ha ordenado a la Policía Judicial investigar las cuentas de la delegación provincial del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) por un presunto desvío de fondos de indemnizaciones del Fogasa para empleados extranjeros gestionadas por la entidad y de ayudas para cursos concedidas por la Junta de Andalucía.

Según explicó a LA VOZ DE ALMERÍA el ex responsable del SAT, Mariano Junco, la magistrada ha abierto diligencias tras la denuncia emitida por un grupo miembros del sindicato el pasado 1 de octubre, entre ellos varios de los fundadores de la organización. Los señalados son Diego Cañamero, máximo responsable de la entidad en España, y dos gestores actuales del SAT en Almería.

Los denunciantes alertan sobre cuatro supuestas irregularidades con fondos del Fogasa, con subvenciones de cursos de formación, en la transparencia de las cuentas y en materia sociolaboral (contratos a trabajadores de forma irregular).  Los ex militantes no ofrecen un cifra global sobre el presunto desvío de fondos, cuestión que dejan a la investigación, pero sí ponen número a las cantidades del Fondo de Garantía Salarial. “Los datos de los trabajadores inmigrantes a los que se les cogió su dinero son los siguientes: A. A. 1.646 euros, D. M. 1.359 euros, N. E. M. 3815 y A. B. 900 euros”, explican.

Además, detectan un “déficit en la asesoría laboral de más de 7.000 euros” y citan  “dos subvenciones al SOC - SAT de 4.300 euros y de 5.600 por dos cursos sobre Formación Laboral Trabajadores Inmigrantes y Formación en materia de inmigración asesores sindicales concedidas por la Junta de Andalucía”.

Respuesta

Según señaló Mariano Junco en una rueda de prensa en octubre, Diego Cañamero era conocer de la situación denunciada meses atrás e intentó retrasar su solución hasta la celebración de las Marchas por la Dignidad de marzo de 2014. Sin embargo, el asunto se dilató sin soluciones y un grupo de ex militantes (una gestora se hizo cargo del SAT en Almería) decidió abrir la vía judicial.

En un comunicado citado por la agencia Europa Press, el SAT niega irregularidades en la gestión económica y achaca el proceso a una campaña contra la organización comandada por Cañamero. “Cuando las multas y la represión no han podido con la lucha de este sindicato, aparece esta campaña orquestada de desprestigio que no va a abrirse paso ni nos va a afectar”, aseveran.

La dirección señala que tiene pendientes 8.607,88 euros procedentes del Fogasa y que el impago se justifica por “la no localización de las personas beneficiarias, en este caso inmigrantes, sin domicilio y con un teléfono móvil como contacto a los que seguimos buscando”. Así, subrayan que no han destinado nunca dichos fondos a objetivos distintos a los que corresponden, es decir, a las indemnizaciones de trabajadores.

En cualquier caso, la magistrada solicita a la Policía Judicial que indague sobre estos elementos y analice el uso del dinero y la posible existencia  de irregularidades. Hasta la elaboración de los informes policiales no se producirá previsiblemente ninguna citación. No hay imputados en esta fase, ni en Almería ni en la dirección regional del Sindicato Andaluz de Trabajadores.