Ricardo Vicente Puyol Sánchez no irrumpe en la carrera por la Presidencia de la Audiencia Provincial de Almería como un aspirante coyuntural, sino como un perfil construido con tiempo, destinos y contexto. Magistrado desde 2007, con más de dos décadas en la carrera judicial, su candidatura —defendida este miércoles ante la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial— se sostiene sobre una combinación del conocimiento previo de la provincia, experiencia en escenarios jurisdiccionales complejos y una trayectoria acreditada en la gestión institucional.

Su relación con Almería no es sobrevenida. Es, en cierto modo, fundacional. Ingresado en la carrera judicial en 2001, fue en esta provincia donde empezó a ejercer. Primero en Purchena, como titular de un juzgado mixto, y después en Roquetas de Mar, tras un breve periodo de sustituciones en Vélez-Rubio. Aquellos casi cinco años, entre el norte y el litoral,  no aparecen en su discurso como un dato biográfico, sino como un argumento: entender Almería, vino a sostener, no es solo conocer sus órganos judiciales, sino su estructura territorial, sus desequilibrios y su realidad social.

Ese hilo se interrumpe con su ascenso a magistrado, pero no se pierde. Su paso por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares y, especialmente, por el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella, introduce otro elemento en su perfil: la gestión de causas complejas en contextos de macroperaciones contra la corrupción. La etapa marbellí no fue neutra. Coincidió con la intervención del Ayuntamiento y con la eclosión de grandes procedimientos por corrupción política.

Macrocausas

Allí instruyó asuntos como el caso Minutas —que terminó con la condena de José María del Nido— o la operación Goldfinger, vinculada a delitos fiscales y urbanísticos en torno al patrimonio de Sean Connery. De esa experiencia derivó también una vertiente menos visible, pero relevante: la reflexión técnica. Puyol ha trasladado parte de esa experiencia a publicaciones en los Cuadernos Digitales del CGPJ, centradas en la instrucción y el enjuiciamiento de macrocausas.

Una forma de convertir la práctica en doctrina aplicada. Su trayectoria continúa en Málaga, donde permaneció una década en un juzgado de lo penal. Diez años en el mismo destino no son una pausa, sino un proceso de sedimentación profesional.

En 2020, en plena pandemia, accede a la Audiencia Provincial de Granada, ya con especialización en violencia de género, ámbito que introduce otra capa de complejidad en su perfil jurisdiccional. Pero la candidatura no se explica solo desde los juzgados. Hay un segundo plano, el institucional, que Puyol subraya de forma explícita. Fue vocal de la Sala de Gobierno del TSJA durante cinco años y participó en órganos de coordinación entre la administración autonómica y el poder judicial.

Cabe destacar que asumió en 2021 la dirección de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción.

Su diagnóstico

En cuanto a su proyecto específico para la Audiencia Provincial de Almería, el candidato expuso un diagnóstico apoyado en los datos de la Memoria del TSJA. Según detalló, la provincia registró un incremento global de asuntos del 11,4% respecto al año anterior, compensado por un aumento de la tasa de resolución del 13,2%, situándose el tiempo medio de resolución en torno a los 9,2 meses.

Lo penal, sostiene, funciona dentro de parámetros razonables, con tasas de resolución elevadas. El problema está en lo civil, apunta en su ponencia. Ahí la pendencia se dispara: apenas se resuelve la mitad de lo que entra y los tiempos se alargan más allá del año.

El magistrado ha reconocido que el foco baja entonces a los juzgados de la capital, especialmente los de Primera Instancia y lo Social. La sobrecarga no es nueva ni discutida: está señalada por el propio Servicio de Inspección del CGPJ y por las memorias del TSJA.

Medidas

La conclusión tampoco es nueva, pero sí incómoda: hacen falta más jueces. Al menos cinco plazas adicionales. Puyol no lo plantea como reivindicación retórica, sino como una prioridad operativa si accede a la Presidencia. A ese diagnóstico añade una lectura territorial.

La litigiosidad no se distribuye de forma homogénea. La franja costera —Vera, Roquetas, El Ejido, la capital— concentra la presión, mientras que el norte de la provincia presenta menores niveles de carga.

A ello añadió el incremento de las denuncias por violencia de género, que cifró en unas 4.400, y la incidencia del fenómeno migratorio, reclamando políticas institucionales que faciliten la integración plena de la población extranjera.