El arranque del proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes en España, que este 20 de abril vive su primera jornada de atención presencial, ha dejado ya una imagen clara en la provincia de Almería: mientras que en la Oficina de Extranjería de la capital la estampa durante este lunes ha sido de tranquilidad (gracias a las citas que los beneficiarios tenían que coger con anterioridad), la escena contrasta con los puntos donde, desde hace días, se debe acudir para conseguir la documentación necesaria para iniciar el trámite.

Desde el ámbito jurídico, una abogada especializada en extranjería, Amparo Montoya Martínez, de Amparo Montoya Abogados, consultada por LA VOZ, advierte de un problema estructural en el diseño de la medida: "Se ha dotado un procedimiento excepcional extraordinario con un mísero corto periodo de tiempo y hay una escasez de personal y de material cualificado para poder llevar a cabo esto de una forma correcta".

Esa combinación (plazos ajustados y falta de recursos) está teniendo consecuencias inmediatas sobre el terreno. En municipios con alta población migrante como Roquetas de Mar, Adra o Níjar, la situación ha derivado en colapsos en servicios sociales y ayuntamientos, con largas colas desde la madrugada e incluso desde el día anterior. "En Roquetas había colas desde el domingo por la mañana. Yo fui a darles bebida", relata la letrada, que describe la escena como "una pena y una situación deplorable".

La presión no solo se traslada a las administraciones, sino también a los propios migrantes, que afrontan el proceso con una urgencia que, en muchos casos, dificulta una tramitación adecuada. "Se impacientan mucho, quieren que todo sea ya", explica, apuntando a que esa ansiedad, unida al desconocimiento de los plazos reales (el proceso se extiende hasta el 30 de junio), contribuye a generar tensiones en los puntos de atención.

El problema de nuevos canales presenciales

A ello se suma la incorporación de nuevos canales presenciales para presentar solicitudes, como oficinas de Correos o de la Seguridad Social, que, según la abogada, no cuentan con la preparación suficiente para asumir este volumen ni la complejidad de los expedientes. "No tienen ni las competencias materiales ni la formación suficiente", señala, advirtiendo de que estos organismos actuarán como "meros receptores de documentación" sin capacidad de valorar si los expedientes están correctamente preparados.

El resultado es un sistema que, en plena fase inicial, funciona a base de prisas. La letrada reconoce que incluso desde los despachos profesionales se está optando por frenar el ritmo para evitar errores: "Esto es una carrera de fondo. No quiero cometer errores porque luego puede ser más difícil subsanarlos".

En este contexto, la falta de previsión institucional es otra de las críticas que emergen. La abogada se pregunta por qué municipios con alta población migrante no han habilitado espacios más amplios o dispositivos específicos para canalizar la demanda. "¿Por qué no han habilitado zonas para ello?", plantea, en referencia a instalaciones públicas que podrían haber evitado las aglomeraciones.

Mientras tanto, el proceso continúa avanzando entre la urgencia de quienes buscan regularizar su situación y las limitaciones de un sistema que, según denuncian los profesionales, no estaba preparado para asumir este volumen en tan poco tiempo. El riesgo, concluyen, es que la rapidez impuesta termine pasando factura a quienes más dependen de que el procedimiento se haga correctamente.