La Policía Nacional asesta un nuevo golpe a las redes de fraude a las administraciones públicas en la provincia de Almería. Una operación de la UCRIF en El Ejido (Redes Ilegales y Falsedades) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) revela una estafa continua en la contratación de ciudadanos rumanos y magrebíes a través de una empresa de construcción radicada en el municipio de Roquetas de Mar.
La intervención se salda con 47 detenidos y 79 imputados, así como el hallazgo de un fraude de 550.000 euros en cuotas impagadas a la Seguridad Social y prestaciones abonadas por el Servicio Público de Empleo. El núcleo duro de la organización está compuesto por siete personas. Ellos son los principales imputados en la operación policial.

Los hermanos V. S. y E. S. eran los ideólogos de la red, acompañados de una mujer en funciones de testaferro. Los cuatro restantes formaban parte de la estructura de captación de los clientes interesados en la consecución de prestaciones, subsidios y otros beneficios públicos.

Todo circulaba en torno a una empresa de construcción denominada Castania, con domicilio social en Roquetas de Mar y sin actividad real, según los investigadores. Los detenidos ofrecían presuntamente altas a la Seguridad Social por falsos empleos en esta empresa. A cambio debían pagar cantidades que oscilaban entre los 150 y 1.200 euros.

Fuga

Los clientes buscaban así el acceso a permisos de trabajo, prestaciones sociales y subsidios públicos. En total, la investigación de la Brigada de Extranjería y Fronteras ha hallado evidencias de 119 altas ficticias a la Seguridad Social entre ciudadanos generalmente residentes en El Poniente. Las diligencias muestran contrataciones sospe- chosas como mujeres embarazadas de ocho meses empleadas en duros trabajos en la construcción. Éstas firmaban sus contratos e inmediatamente se daban de baja para conseguir el acceso a ayudas públicas.

La oleada de altas levantó las sospechas de la TGSS, a través de la Unidad de Control contra el Fraude, y encendió las alarmas. La Policía Nacional inició una investigación sobre la empresa y sus responsables. Cuando los agentes se disponían a intervenir en los domicilios de los cabecillas, éstos huyeron a otras provincias. Finalmente fueron arrestados en Palma de Mallorca, Coslada (Madrid) y Albacete.