En los pasillos de los juzgados de Almería, la presión se nota en cada despacho, en cada sala de vistas. Expedientes que se acumulan, ciudadanos esperando su turno, causas que tardan meses en resolverse. No obstante, el curso2026 se presenta como un año de impulso para la justicia en Almería. La provincia recibirá 16 nuevos jueces y magistrados, un refuerzo que promete aliviar la carga de trabajo y acercar la justicia a quienes la necesitan.

Andalucía tendrá 95 nuevas plazas judiciales, y Almería se lleva más del 15 % de Andalucía. La provincia se beneficiará de dos plazas en la Audiencia Provincial para asuntos civiles, una más en la Sección Penal, y siete en los tribunales de instancia repartidas entre civil, penal y social.

El Gobierno ha anunciado la creación de 95 nuevas plazas judiciales en Andalucía para 2026, destinadas a reforzar los tribunales de instancia, las audiencias provinciales y el Tribunal Superior de Justicia. La planta judicial andaluza crecerá un 9,4% en un solo año, con Almería recibiendo aproximadamente un 14,7% de estas plazas, es decir, 14 nuevos jueces y magistrados.

Esta expansión forma parte de un plan nacional sin precedentes, que contempla la creación de 500 nuevas unidades judiciales en toda España, gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. La norma introduce tribunales de instancia, órganos colegiados que cuentan con apoyo técnico centralizado, lo que permite crear plazas sin necesidad de abrir un juzgado completo y reduce los costes de 500.000 a 100.000 euros por unidad.

Los 16 de la Justicia

Almería recibirá 14 nuevos jueces y magistrados y Berja y Vera uno cada uno que llegarán a los principales órganos judiciales de la provincia, en lo que supone un refuerzo histórico de la justicia local.

En la Audiencia Provincial, se incorporarán dos magistrados para el orden civil y uno para la Sección Tercera de lo penal, un refuerzo que permitirá acelerar la resolución de casos complejos y reducir la carga acumulada en estos órganos. Por su parte, el Tribunal de Instancia verá ampliada su plantilla con cuatro jueces en la Sección Civil en las plazas 10, 11, 12 y 13, uno en la Sección Penal (Plaza 7) y dos en la Sección de lo Social (Plazas 7 y 8), con el objetivo de agilizar procedimientos y mejorar la atención a la ciudadanía en asuntos civiles, laborales y penales.

Asimismo, la plaza número 3 de la Sección  y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Berja engrosará un nuevo juez, así como su homónima de la Plaza número 5 de los juzgados veratenses.

El refuerzo no solo mejora la capacidad operativa de los juzgados, sino que también abre la puerta a una modernización de los procedimientos y a una gestión más eficiente del trabajo, en línea con los objetivos del plan nacional de ampliación de plazas judiciales.

Unos refuerzos que ya estaban sobre la mesa

La justicia en Almería lleva años al límite. La provincia registra cifras altas de litigiosidad y retrasos en Andalucía oriental. Los juzgados sociales y penales acumulan casos pendientes y la ciudadanía espera soluciones que no llegan a tiempo.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicitó en 2025 once nuevas plazas judiciales. Tres de ellas se consideran prioritarias por la urgencia en atender violencia de género, asuntos penales y casos sociales.

El informe, fechado el 3 de julio de 2025, pedía refuerzos concretos. En la Audiencia Provincial, se reclamaba una plaza en la Sección 3ª de lo Penal y otra para crear una Sección Civil, que hasta ahora no existía. En el Tribunal de Instancia de Almería capital, se proponían cuatro plazas para la Sección Civil, una para la Penal y una para la Social, todas con prioridad alta.

Los juzgados mixtos de Berja y El Ejido también figuraban en aquella solicitud de refuerzos. El CGPJ los calificaba de “imprescindibles y prioritarios” por la saturación acumulada.

La nueva sección de la Audiencia

La Audiencia Provincial de Almería sumará en 2026 su cuarta Sección, un refuerzo histórico que permitirá atender un mayor volumen de asuntos civiles y penales. La medida busca agilizar los procesos, reducir los retrasos y ofrecer una respuesta más rápida a los ciudadanos.