Bajo el lema "Acabemos con el negocio de la vivienda", miles de personas salieron a las calles este sábado 5 de abril en toda España, sumándose a una manifestación estatal para luchar contra una de las problemáticas más acuciantes de la sociedad actual: la falta de vivienda asequible. En Almería, decenas de ciudadanos se concentraron entre las 12:00 y las 13:30 horas en el Mirador del Paseo Marítimo Carmen de Burgos, convocados por la Asamblea por el Derecho a la Vivienda de Almería, con el apoyo de Izquierda Unida, PCE, Equo, Más País, Anticapitalistas y la asociación vecinal La Palmera, entre otras.

La manifestación en Almería, que forma parte de un movimiento más amplio que ha movilizado a más de 10.000 personas en toda Andalucía, ha tenido como objetivo denunciar la crisis habitacional y el modelo de ciudad basado en “la especulación inmobiliaria y turística, que expulsa a los habitantes de sus propios barrios, precariza el empleo y destruye el territorio”.

Según los organizadores, la situación en Almería refleja la problemática de toda Andalucía, donde la falta de viviendas públicas y el auge de los alquileres turísticos dificultan el acceso a una vivienda digna. "La provincia cuenta con 5.830 viviendas de uso turístico, mientras que el precio de los alquileres ha alcanzado niveles históricos, con un incremento del 10,5% en 2024". Explican los organizadores.  "Además, Andalucía lidera el ranking nacional de viviendas vacías, con 641.437 inmuebles sin uso, lo que aumenta la desigualdad en el acceso a la vivienda".

En el manifiesto leído durante la concentración, los organizadores destacaron que en Almería, “los alquileres han subido un 34%” desde la pandemia del COVID-19, mientras que los salarios se han mantenido estancados o han crecido muy por debajo de ese ritmo. Este desajuste entre los precios de alquiler y los ingresos de los ciudadanos ha provocado un creciente malestar en la población, que exige soluciones inmediatas.

Los manifestantes pidieron la implementación de políticas públicas efectivas para regular los precios del alquiler, como la creación de una ley que los limite, y la ampliación del parque público de viviendas. “Estamos en un momento donde la mayor parte de la vivienda se está construyendo con fines especulativos. Tomemos como ejemplo la Vega de Acá, donde se están construyendo casas con precios prácticamente inasumibles para una economía normal de un ciudadano y que ni siquiera son grandes para albergar a una familia. ¿Para qué se construyen esas casas? Para especular”, afirmó Fernando Desegarra, secretario de Organización de IU y secretario Político del PCE, en declaraciones a LA VOZ.

Desegarra subrayó que la construcción en Almería (residencial) se está llevando a cabo principalmente en zonas como La Cañada, de acuerdo con el plan municipal de vivienda. En este sentido, denunció que la colaboración público-privada presentada como solución solo beneficia a constructores e inmobiliarias, sin ofrecer una respuesta real al problema habitacional. “Es imprescindible la intervención pública para garantizar el derecho a una vivienda digna”, insistió.

El propio Plan Municipal de Vivienda de Almería, según Desegarra, “no está cubriendo ni la décima parte de las necesidades que existen en la ciudad”, particularmente en cuanto a viviendas sociales. “En Europa, la media de viviendas públicas representa aproximadamente un 10% del total de viviendas, pero en Almería esa cifra está muy lejos de alcanzarse”.

Otro tema abordado durante la manifestación fue la realidad de los asentamientos chabolistas en la provincia, especialmente en el municipio de Níjar, donde Almería Acoge estima que unas 3.500 personas viven en condiciones de extrema precariedad. Aunque el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Níjar, aprobado en 2017, reconoce la existencia de más de 3.000 personas viviendo en asentamientos chabolistas, la magnitud del problema sigue siendo desconocida debido a la falta de un registro adecuado. 

Según los organizadores de la manifestación, las condiciones de vida en estos asentamientos afectan principalmente a inmigrantes, quienes, ven como les niegan la oportunidad de alquiler.

Los manifestantes almerienses pidieron un plan público que habilite y gestione viviendas para los colectivos más vulnerables, dotándolas de los servicios necesarios y garantizando su integración en la sociedad. “La falta de una vivienda legal deja a los migrantes en manos de explotadores, sin poder mejorar sus condiciones laborales ni acceder a sus derechos fundamentales”, afirmaron.

Los manifestantes dejaron claro que la lucha por una vivienda digna sigue siendo una de las prioridades más urgentes para la sociedad almeriense.