Joaquim Bosch ha presentado esta semana en Almería su último libro, 'Jaque a la democracia'. Durante su estancia en la capital concedió esta entrevista a La Voz de Almería.

¿Qué significa un jaque a la democracia?
La democracia no es un sistema político que necesariamente vaya a durar siempre. De hecho, en el pasado ha sido derribada en ocasiones. En los últimos tiempos han surgido movimientos que ponen en cuestión los valores de la democracia pluralista liberal y el jaque es hasta dónde llegará, digamos, la deriva autoritaria y esperemos que no se convierta en ningún caso en un jaque mate.

¿Y está en peligro la democracia en España?
En España hay indicadores de riesgo. Hay investigaciones muy solventes, que cito en el libro, que nos dicen que España es el país occidental que tiene un mayor porcentaje de personas que creen que la democracia no es un buen sistema político. Esto se relaciona en los estudios en nuestro país que apuntan a que hay mucha gente que piensa que el franquismo fue una etapa positiva. Si esto lo combinamos con discursos que a veces plantean ilegalizar a otros partidos políticos, o cuestionan la legitimación de un parlamento elegido democráticamente, o de un presidente del Gobierno elegido democráticamente, son elementos de riesgo que no debemos minimizar.

¿Por qué hay cada vez más jóvenes, precisamente, con ideología franquista?
Es preocupante que se concentren en los sectores más jóvenes las adhesiones a esos discursos autoritarios. Mi impresión es que eso se debe en gran parte a los incumplimientos del sistema político. El auge ultraconservador es en gran medida un síntoma de los fallos de la democracia. De poco vale decirles a nuestros jóvenes que la democracia es maravillosa si no está garantizado el derecho a la vivienda para ellos, si no tienen aseguradas las coberturas de las necesidades básicas, si los jóvenes no pueden articular un plan de vida a medio y largo plazo... Eso genera desesperanzas, desilusiones y explica la poca identificación de los jóvenes con las instituciones democráticas.

¿Y qué se debe hacer para revertir esto?
Mi impresión es que hay una correlación entre el distanciamiento ciudadano, también, especialmente entre los más jóvenes,  y el crecimiento de movimientos que cuestionan los valores democráticos. Hay un cerramiento progresivo de los partidos políticos tradicionales que han perdido la confianza de gran parte de la sociedad y por eso hacen falta reformas internas en los partidos. Por otro lado, la incapacidad también de los propios partidos de imponer medidas económicas de redistribución social. Claro, cuando la gente va a votar y después las prestaciones sociales no funcionan, y cada vez hay menos mecanismos de asignación de recursos públicos, mucha gente puede pensar que el voto no sirve para nada porque al final hay poderes económicos que están por encima de la democracia y estos problemas, nuestros políticos no tienen la capacidad de poder solucionarlos. Por ello, en la medida en que los partidos estén a la altura de las circunstancias de estos cambios sociales y sean capaces de resolver estos problemas que estoy comentando, será más posible fortalecer la democracia.

Los extremismos no son buenos.
Mi opinión es que cualquier extremismo, de derecha o de izquierda, que pretenda derribar el sistema democrático debe ser rechazado. Yo creo que una democracia pluralista liberal es el sistema que garantiza los derechos de todas las personas, desde la diversidad que existe en la propia sociedad y desde las posibilidades de participación ciudadana. Lo que ocurre es que en España esos mecanismos de participación son muy bajos.
Es muy difícil que pueda prosperar una iniciativa legislativa popular. No hay mecanismos de rendición de cuentas. Yo creo que deberían estar regulados legalmente. La gente vota, pero después nadie sabe qué es lo que ha pasado con su voto. No se le explica periódicamente si se han cumplido esas promesas, si se han incumplido, cuáles son los motivos… Mi opinión es que eso genera una democracia de baja calidad que al mismo tiempo provoca desafección ciudadana.

Estamos en un momento de mucha crispación política en la que se mezcla también la justicia.
No es bueno que haya dinámicas que puedan erosionar la separación de poderes. Y en España tenemos un grave problema. Los organismos europeos nos reprochan continuamente que las altas instituciones del Estado estén expuestas a fuertes injerencias partidistas. Hay que incluir la cúpula judicial, el Tribunal Constitucional, el fiscal general del Estado, el Tribunal de Cuentas y otros organismos. Claro, cuando se rompen los contornos de separación entre los poderes del Estado es comprensible que acaben surgiendo todo tipo de conflictos. Por ejemplo, detrás de la imputación del fiscal general del Estado, en dos altas instituciones, como la Fiscalía General y el Tribunal Supremo, que están expuestas a tantas injerencias partidistas, es lógico percibir que hay un fuerte choque de trenes que forman parte de la batalla política.
Eso sin perjuicio de que haya razones jurídicas que expliquen este procedimiento u otros que han generado polémica últimamente. Pero el trasfondo es que hay conflictos políticos mal resueltos a causa de las insuficiencias en la separación de poderes en España.

La derecha mediática y política mantiene que es inédito que declare un fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo.
Es verdad que es la primera vez en la historia que un fiscal general declara como investigado en el Tribunal Supremo. Pero también es cierto que es la primera vez que el Tribunal Supremo adopta una decisión de este tipo. Y lo hace sin seguir su propia jurisprudencia que dice que contra un aforado se necesitan indicios reforzados o muy cualificados, sin que hasta este momento, en mi opinión, se hayan descrito esos elementos indiciarios. A mí me parece que la decisión de nuestro alto tribunal, con el máximo respeto, es que tiene elementos cuestionables desde una perspectiva jurídica.

No hay pruebas contra el fiscal general del Estado.
Lo más objetable de esta investigación contra un aforado es que no haya ningún detalle de cómo Álvaro García Ortiz ha filtrado esos mensajes. ¿A quién? ¿De qué manera lo ha hecho? Además, hay periodistas que han testificado que tenían esos mensajes antes de que llegaran al fiscal general. Si hubiera datos a través de testigos objetivos, de mensajes de texto, llamadas, que marcaran indicios de conexión directa de que el fiscal general filtró esos documentos, personalmente pediría públicamente su dimisión. Pero mientras estos datos indiciarios no existen, yo creo que es comprensible que en España, desde muchos sectores jurídicos, se plantean objeciones a esta imputación.

¿Por qué es tan lenta la justicia?
La justicia es muy lenta porque no tiene medios materiales y personales suficientes. Gran parte de la legislación que la regula tiene su base en el siglo XIX. No es posible perseguir la delincuencia del siglo XXI con instrumentos que se generaron cuando se estaba empezando a aplicar la electricidad o la población viajaba en carruaje. Y lo cierto es que a pesar de que las principales fuerzas políticas han montado enormes polémicas mediáticas con la elección del Consejo General del Poder Judicial, jamás hemos visto semanas seguidas de debates para ver cómo resolvemos lo que realmente afecta de manera muy directa a la ciudadanía. Entonces esa combinación de falta de recursos y leyes inadecuadas genera efectos demoledores. Los jueces perseguimos en bici a corruptos que escapan en Mercedes porque las tramas corruptas tienen más medios para eludir la acción de la justicia que los que tenemos en los juzgados para perseguirles. Estamos a la cabeza de Europa en el número de corruptos y a la cola en el número de jueces. Y claro, hay muchos juzgados que están trabajando a más del 200% de la carga oficial.
Cuando hay más trabajo del que puede gestionarse, muchísimos asuntos quedan a la cola.

En Almería hay un claro problema con las bandas del narcotráfico y la llegada de pateras.
Hacen falta medios suficientes también en el ámbito policial, más formación especializada y, al mismo tiempo, dotar de estabilidad a las estructuras de vigilancia de esta forma de delincuencia.
Se repiten a menudo rutinas en materia de tráfico de estupefacientes y para ello se necesitan unos recursos que sean proporcionados y actualmente los recursos no tienen la capacidad de cubrir el volumen de delincuencia que se genera en Almería en materia de narcotráfico.

No comparte ni le gusta, supongo, la vinculación de inmigración con delincuencia.
No solo es que no me gusta, es que lo desmienten los datos oficiales. En España, el 98% de las personas extranjeras no cometen ningún delito, según los datos oficiales del INE y del CGPJ, el Consejo General del Poder Judicial. Y todos los estudios nos indican que los extranjeros cometen delitos en las mismas proporciones que españoles que están en su misma situación social. Por ello de lo que se trata es de actuar sobre los espacios de exclusión social.
Todos sabemos perfectamente que hay miles de extranjeros que trabajan en situación de clandestinidad en situaciones estructurales en las que hacen falta. Tanto en Almería como en Valencia, sin personas extranjeras, las cosechas se quedarían en los campos. Lo mismo pasa en la hostelería, en la construcción y en la asistencia doméstica. Entonces, lo que deberíamos hacer es regularizar esas situaciones. Si necesitamos a esa mano de obra, no puede ser que esté en la ilegalidad y regularizar implica conceder derechos a personas que los merecen y sacarlos de espacios de marginalidad y de exclusión que son los que más favorecen precisamente la delincuencia.

¿Puede ser un problema el reparto de competencias judiciales entre el Ministerio y la Junta de Andalucía para crear nuevos órganos?
Convergen tres organismos porque también el Consejo General del Poder Judicial informa precisamente sobre la creación de nuevas plazas. Este sistema de competencias es constitucional y lo que hay que buscar son fórmulas de funcionamiento eficiente.
Se trata de que quienes tienen atribuidas competencias, las ejerzan de forma responsable para que se funcione bien. Es verdad que no funciona igual la justicia en unas comunidades autónomas que otras, lo cual demuestra que hay gobiernos regionales que creen más en el autogobierno que otros.
Hay que ir a una apuesta mucho más decidida por la modernización del sistema judicial que, como comentábamos antes, está bajo mínimos. Y efectivamente, si en Andalucía y en Almería en concreto hay unas necesidades claramente visibles y constatables, con independencia de que las competencias en la creación de un juzgado sean del Gobierno central, la respuesta debería ser automática. No puede ser que se esté casi suplicando a veces desde los organismos autonómicos que se cubran necesidades de justicia con la indiferencia por parte del Gobierno central.