El PSOE urge a reunir la Comisión de Feria
Cristóbal Díaz cree que el PP `está ocultando` los problemas que hubo con el entoldado

Cristóbal Díaz, concejal del Grupo Municipal Socialista
El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Cristóbal Díaz, ha reclamado al Partido Popular que convoque la comisión de Feria para “explicar sus responsabilidades en todos los problemas que ha habido con el entoldado del Paseo” ya que, a su juicio, “lo que no puede hacer el PP es tratar de ocultarlas, que es lo que está haciendo”.
En ese sentido, Díaz desveló que, tras consultar el expediente municipal de contratación y montaje de los toldos que cubrieron el Paseo de Almería, “resulta que la empresa tenía la obligación de trasladar al Ayuntamiento una relación detallada de todos los edificios, construcciones y mobiliario público que pudiera verse afectado por los trabajos y, a pesar de que no lo hizo, no le fue requerido por parte de la entonces concejal del área, Ana Martínez Labella”.
Traslado
“No sabemos si el alcalde ha apartado a Labella de Cultura por este motivo, pero parece evidente que muy contento no debería de estar con ella en este asunto y es probable que quiera intentar pasar página trasladándola de área y poniendo a otro concejal al frente de Cultura”, afirma Díaz.
Y es que, a juicio de los socialistas, “lejos de la exigua sanción económica que se ha puesto por parte del Ayuntamiento a la empresa responsable del arrendamiento e instalación del entoldado por incumplimiento del contrato, es el propio gobierno municipal el que tendría que haber estado vigilante y no lo hizo”. “Es increíble que, a la vista de todos los responsables municipales, la empresa se pusiera a taladrar la Delegación del Gobierno o comunidades de propietarios a las que no se solicitó permiso”, subrayó.
Los almerienses pagarán un total de 217.800 euros por los toldos del Paseo para el periodo 2017-2020 pero, según las condiciones en las que se contrataron los mismos, “la empresa suministradora se encargaba de arrendar y montar los toldos únicamente en 2017, mientras que en el resto de años solamente se encargaría de su arrendamiento”. Eso “provocó en su momento una advertencia del interventor, que valorara las consecuencias a partir del año que viene”.