La vista oral del juicio del Caso Facturas comenzó este lunes con una hora de retraso y 19 personas en el banquillo de los acusados. La complejidad del procedimiento sobre un presunto desfalco en el Patronato Provincial de Turismo entre los años 2009 y 2011 pone en peligro el calendario de sesiones previsto y amenaza con prolongar las declaraciones durante varias semanas.

La primera jornada, prevista para las testificales de cuatro procesados, quedó reducida únicamente a las preguntas del fiscal a la ex secretaria del Patronato de Turismo, María Teresa González, acusada como principal responsable de un presunto fraude de 763.000 euros de la Diputación de Almería.

González repartió acusaciones. Culpó en su relato a Luis Pérez Montoya, ex vicepresidente de la Diputación de Almería, de promover la facturación fraudulenta y aseguró que su labor no era fiscalizar el contenido, un misión reservada para la Intervención. También señaló a los distintos gerentes del Patronato de Turismo durante esa etapa e, incluso, a personal administrativo.

Además, en un giro de su defensa, solo reconoció su firma en una pequeña parte de las cientos de facturas presentadas como fraudulentas. "No está registrada por mí, no está conformada por mí", repitió decenas de veces ante los documentos exhibidos en la sala. No obstante, no concretó quién pudo falsificar su rúbrica en esas facturas.

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