El magistrado Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número Uno de la Audiencia Nacional, ha abierto diligencias por un supuesto fraude masivo en una oferta de cursos de formación online. 
El caso comenzó con una denuncia a mediados de 2015 y deja un reguero de un centenar de víctimas repartidas por toda la geografía del país, entre ellas ciudadanos radicados en el municipio de Roquetas de Mar (Almería), Murcia y Granada, según las diligencias de investigación.

Los estafados pagaron supuestamente entre 900 y 1.500 euros por una plaza en los cursos ofertados por un grupo de empresas (la Policía Nacional identificó a cinco sociedades mercantiles en el epicentro). Sin embargo, los clientes no dispusieron en ningún momento de la documentación y de los soportes técnicos prometidos. Además, en algunas ocasiones, el curso ni siquiera existía o su disponibilidad en la red era nula.

Un buen número de afectados son ciudadanos nacidos en la República Dominicana, ya que una de las empresas investigadas firmó un convenio para becar a los alumnos de esta nacionalidad. En este acuerdo se contemplaban ciclos formativos para víctimas de malos tratos, en un proceso orientado a la inserción laboral de estas mujeres.

Transferencias
La investigación del juez Pedraz pone la lupa sobre un grupo familiar. Según las primeras informaciones sobre su modus operandi, las empresas recibían en sus cuentas los pagos de los alumnos interesados en matricularse en la oferta online y luego transferían importantes cantidades de dinero a miembros de esta familia. “Muchas de tales transferencias bancarias alcanzó importes próximos y superiores a 100.000 euros”, señala la Audiencia Nacional.

La investigación comenzó con una denuncia de un afectado en la Comunidad Valenciana. En la provincia de Almería las víctimas identificadas se localizan en Roquetas de Mar. Las diligencias apuntan a un centenar de afectados, aunque la cifra podría crecer porque la Policía Judicial ha identificado otros pagos de clientes a las empresas bajo sospecha que no corresponden a los denunciantes.

La empresa matriz de la investigación estará radicada en Valencia y se creó hace cinco años con el objetivo de abrirse mercado en la oferta de cursos telemáticos de diversa naturaleza. A su alrededor se establecieron otras  mercantiles con fines similares.