La Autoridad Portuaria de Almería ha anunciado la subasta del pesquero San Trela, un buque de bandera congoleña apresado por Vigilancia Aduanera en mayo de 2015 con cinco toneladas de hachís en sus bodegas. Con los tripulantes sirios en prisión y sin noticias del armador, la embarcación quedó abandonada a su suerte en el muelle.
Sin embargo, la Audiencia Nacional ha autorizado ahora su subasta pública, un procedimiento muy común en operaciones contra el narcotráfico destinado a obtener fondos de los bienes decomisados a las organizaciones criminales y, al mismo tiempo, liberarse de la carga de la custodia y el mantenimiento.

Según un reciente informe publicado por el Plan Nacional sobre Drogas, el Estado consiguió 165.000 euros el año pasado por ventas de vehículos y embarcaciones aprehendidas por las fuerzas de seguridad en intervenciones contra el tráfico de drogas en Almería.

Las subastas propiciaron la salida de los depósitos de cuatro embarcaciones y 20 automóviles inmovilizados por orden de los distintos juzgados de instrucción. 
El protocolo establece la conservación de los bienes durante el proceso judicial    y su posterior subasta pública cuando quede acreditada su procedencia ilícita. Aunque es siempre la autoridad judicial la encargada de autorizar su ‘comercialización’.

Por volumen de ventas, Almería se sitúa entre las provincias españolas con mayor actividad del país, solo por detrás de la Región de Murcia, Málaga, Cádiz, Ceuta y la Comunidad de Madrid.

El Estado consiguió en el ejercicio 2016 unos 2,2 millones de euros por la subasta pública o enajenación directa de 483 bienes retirados a narcotraficantes (la enajenación se produce cuando el objeto tiene poco valor). Entre ellos hay coches y embarcaciones, pero también joyas, aeronaves, aparatos electrónicos y hasta inmuebles vinculados directamente a la distribución de estupefacientes.

De hecho, la partida más importante de la recaudación, alrededor de medio millón de euros, procede de la subasta de 15 propiedades inmobiliarias (viviendas, almacenes, garajes). El informe del Plan Nacional sobre Drogas lamenta, no obstante, la falta de recursos para sacar a subasta las viviendas retiradas a las organizaciones criminales.

El procedimiento es muy complejo y requiere de una tasación del bien, la autorización de una mesa técnica, la a obtención de los certificados de eficiencia energética, exposición pública y una larga lista de tareas después de la adjudicación.

60 barcos desde el año 2001
Desde el año 2001, el Estado ha vendido más de 200 vehículos y 60 embarcaciones incautadas en operaciones judiciales en la provincia de Almería. Mientras los decomisados totales superan el millar desde el año 1997, según los informes anuales del Ministerio del Interior. Además, se venden joyas, aparatos electrónicos y otros objetos de valor cuya procedencia se asocia a actividades de los narcotraficantes en este territorio.