La jueza que investiga una presunta estafa millonaria en el seno de la Cooperativa Agrícola San Isidro (CASI) de Almería bajo mandato del expresidente José María Andújar ha ordenado un informe pericial para determinar el alcance del supuesto fraude que una auditoria externa de la entidad aportada a la causa cifra en alrededor de “1,2 millones de euros” por “sobreprecio” en el tomate cocktail y de “1,8 millones” en facturas y gastos cuya procedencia se pone en duda. 

La resolución dictada la semana pasada por la magistrada Alejandra Dodero acuerda, además de designar un auditor de cuentas para la elaboración de la citada pericial, investigar al consejo rector para dirimir “si autorizó los pagos bajo sospecha, cuántos autorizó y si, por tanto, adoptó decisiones” que derivaron en “un perjuicio económico a los socios y en qué cuantía”, según han indicado fuentes judiciales.

Las nuevas diligencias ordenadas en el marco de este procedimiento se producen a raíz de la segunda declaración en sede judicial en calidad de imputado de Andújar, quien compareció el 3 de febrero citado por la jueza para ser interrogado por el contenido de la auditoria externa incorporada como pericial de parte de una de las acusaciones particulares.

Cabe recordar que esa auditoría externa aportada a la causa en la que también está imputado el exgerente Antonio González, dio lugar a que se emprendiese una acción de responsabilidad patrimonial cuyo inicio fue aprobado por los socios de la cooperativa en asamblea.

El citado informe, cuyo contenido fue ratificado por los autores a los que se citó en calidad de peritos, indica que el “sobreprecio” cobrado en la variedad de tomate cocktail, que comercializaban presuntamente “en exclusiva” un total de 13 personas físicas y jurídicas del “entorno cercano a Andújar y a la junta rectora, incluido él mismo y su mujer”, ascendió a 1.231.000 euros en las campañas 2012-2013 y 2013-2014.

Andújar fue interpelado en sede judicial sobre el “perjuicio económico acreditado” a la mayor comercializadora agrícola de la provincia mediante “el sobrecobro” en tomate cocktail y sobre si esta práctica derivó en un presunto “enriquecimiento ilícito” para ellos.

También le preguntó por “gastos de representación” que, en un principio, ascenderían a “unos 200.000 euros” y por la facturación por más de “1,2 millones de euros de una constructora con facturas en las que, en algunos casos, no está muy claro el concepto”. En este punto es donde entra la actuación del consejo rector ya que, para su pago, debían ser autorizados por el.