Todas las multas derivadas de cualquier tipo de procedimiento sancionador podrán ser rebajadas en un importe mínimo del 40% de su cuantía a partir de octubre del próximo año, una vez que entre en vigor la nueva Ley de Procedimiento Adminsitrativo Común de las Admisnitraciones Públicas aprobada en esta recta final de la legislatura. Dicha normativa, en la que se regulan las relaciones externas del Estado con los ciudadanos y las empresas, contiene importantes novedades orientadas a facilitar la gestión electrónica, agilizar los procesos burocráticos y, sobre todo, reducir las cargas administrativas.

La reforma ahora planteada permite generalizar la reducción de las sanciones pecuniarias con independencia del ámbito de actuación en el que hayan sido impuestas. El proceso habilitado en la nueva ley garantiza dos tipos de rebajas que son acumulables entre sí. De un lado se establece una quita de, al menos, un 20% cuando los presuntos responsables reconozcan voluntariamente los hechos que son objeto del procedimiento. En segundo término, si además de admitir esta responsabilidad realizan el pago voluntario anticipado de la multa, podrán obtener un recorte de otro 20%.

Los ciudadanos y las empresas que se acojan a estos requisitos podrán solicitar la doble reducción con independencia de que la norma sectorial que determina la sanción reconozca dicha posibilidad. La única salvedad que establece la nueva ley consiste en que el interesado desista o renuncie a cualquier acción o recurso contra la sanción. El Gobierno trata de garantizar la seguridad jurídica  evitando la acumulación de pleitos que se dilatan de manera indefinida con el consiguiente incremento del gasto, tanto desde el punto de vista económico como en la utilización de recursos humanos que podrían destinarse a otros cometidos.