El Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas (Cafincas) advierte de que "miles de comunidades de propietarios" --entre 10.000 y 30.000 de Málaga, Cádiz, Almería, Sevilla y la costa de Granada-- deberán adaptar "en los próximos meses" la situación de su personal de mantenimiento de piscinas a la normativa vigente, que establece la obligatoriedad de contar con la debida certificación profesional antes del 2 de enero de 2027.

Esta "exigencia" afecta "directamente" a conserjes, operarios y empresas externas encargadas del tratamiento del agua en comunidades de vecinos, que serán "responsables últimas" del cumplimiento legal, recoge el Consejo en una nota. El régimen sancionador aplicable contempla sanciones que pueden superar los 3.000 euros en infracciones leves y alcanzar hasta 600.000 euros en los supuestos más graves o de especial riesgo para la salud pública.

El "impacto potencial" de esta regulación es "especialmente elevado" en Andalucía, una de las comunidades autónomas con mayor concentración de piscinas residenciales del país. Las estimaciones del sector apuntan a que en la comunidad podrían existir entre 120.000 y 180.000 piscinas residenciales en total, de las cuales entre 40.000 y 70.000 pertenecerían a comunidades de propietarios. De estas últimas, se calcula que entre el 60% y el 75% podrían encuadrarse dentro de la categoría 3A regulada plenamente por el Decreto andaluz, lo que situaría el volumen aproximado de instalaciones afectadas entre 35.000 y 45.000 piscinas comunitarias.

No obstante, desde el Consejo Andaluz se aclara que no todas las comunidades tendrán que regularizar personal o afrontar nuevas contrataciones, ya que muchas de ellas externalizan actualmente el mantenimiento de sus piscinas a empresas especializadas y acreditadas conforme a la normativa sanitaria. En este sentido, se estima que el número de comunidades que realmente podrían verse obligadas a adaptarse o revisar su situación podría situarse entre 10.000 y 30.000 en Andalucía.

Las provincias donde previsiblemente tendrá mayor impacto esta adaptación normativa son Málaga, Cádiz, Almería, Sevilla y la costa de Granada, territorios que concentran buena parte de las grandes urbanizaciones residenciales y complejos con piscinas comunitarias de Andalucía.

La obligación deriva del Decreto 485/2019, por el que la Junta de Andalucía aprobó el Reglamento técnico-sanitario de las piscinas, normativa que afecta principalmente a las denominadas piscinas tipo 3A, es decir, aquellas pertenecientes a comunidades de propietarios de 20 o más viviendas.

En el caso de las comunidades con menos de 20 viviendas, la aplicación de determinadas obligaciones contempladas en el reglamento es parcial. La medida supone "un cambio de gran alcance" para la gestión ordinaria de las comunidades, ya que la normativa de salud pública traslada la responsabilidad de verificación a la propia comunidad de propietarios como titular de la instalación.

En este sentido, el incumplimiento de los requisitos de cualificación puede derivar en consecuencias que van desde un requerimiento de subsanación hasta multas económicas importantes, la suspensión temporal del servicio o incluso el cierre de la instalación en caso de inspección desfavorable.

El Consejo recuerda que la "complejidad" del marco normativo que regula las piscinas comunitarias no solo afecta a la formación del personal, sino también al conjunto de obligaciones técnicas y sanitarias que deben cumplirse de forma continua. El control de la calidad del agua, la correcta manipulación de productos químicos, el seguimiento de los registros, así como la aplicación de protocolos de autocontrol, forman parte de un sistema regulatorio exigente que requiere una gestión especializada y permanente.

En este contexto, el papel del Administrador de Fincas colegiado se vuelve determinante. Su intervención permite a las comunidades anticiparse a los plazos legales, coordinar la adaptación de los contratos de mantenimiento, verificar la cualificación del personal y asegurar que todas las obligaciones se cumplen conforme a la normativa autonómica y estatal. Además, actúa como figura de referencia para la correcta delegación de responsabilidades en empresas especializadas, reduciendo así la exposición de las comunidades y de sus órganos de gobierno ante posibles reclamaciones.

El Consejo Andaluz subraya que esta obligación de certificación no debe interpretarse como un mero trámite administrativo, sino como una medida directamente vinculada a la seguridad y a la salud pública. Un mantenimiento inadecuado o realizado por personal no cualificado puede derivar en incidencias sanitarias graves, así como en responsabilidades civiles o penales para los responsables de la comunidad.

Asimismo, la adaptación a este nuevo escenario normativo llega en un momento en el que las piscinas comunitarias se han consolidado como espacios esenciales de convivencia y bienestar durante los periodos de altas temperaturas, lo que incrementa la necesidad de garantizar su correcto funcionamiento durante todo el año.

Desde el Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas se insiste en la importancia de iniciar cuanto antes los procesos de revisión y adaptación de cada comunidad, con el fin de evitar situaciones de incumplimiento a medida que se acerque la fecha límite de 2027.