El Gobierno ha puesto en disposición de las comunidades autónomas todos los centros clínicos de titularidad privada que realizan test de coronavirus y se ha adjudicado la posibilidad de adoptar desde este martes las medidas necesarias para la regulación de los precios de las pruebas con el objeto de evitar situaciones abusivas en el acceso a este servicio.

Asimismo, la Orden SND/344/2020 publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado, establece que los centros privados deben notificar los casos detectados de coronavirus así como la compra de test rápidos diagnósticos, especificando a la autoridad sanitaria autonómica el tipo de material, número de unidades adquiridas y destino de uso.

De esta forma las comunidades autónomas podrán contar con los centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de titularidad privada que no estén prestando servicio en el Sistema Nacional de Salud, así como su personal.

Así, la realización de pruebas diagnósticas por los citados centros, servicios y establecimientos de diagnóstico clínico para la detección del Covid-19 quedará sujeta a la prescripción de un facultativo de acuerdo con las directrices acordadas por Sanidad.

Estas medidas estarán vigentes hasta la finalización del estado de alarma, que comenzó el pasado 14 de marzo y que se prolongará, al menos, hasta el próximo 26 de este mes de abril.