La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC), bajo la dirección letrada de Cremades & Calvo-Sotelo Abogados, ha emprendido desde el mismo instante de conocerse la noticia de la resolución del Banco Popular la defensa de los derechos e intereses de los afectados por este acontecimiento, representando, actualmente, a más de 6.000 inversores de la entidad resuelta. Entre ellos se encuentran  varias decenas que son de Almería y se han podido adherir a la estrategia de litigación a través de CONSULTORÍA CONDE Y SEGURA, S.L., despacho colaborador de Cremades & Calvo-Sotelo Abogados en Almería.

Una de las vías abierta por AEMEC fue la acción penal mediante una querella criminal que se presentó el 28 de julio de 2017, admitida a trámite semanas más tarde, lo que dio lugar al comienzo de lo que va a ser una batalla jurídica nada sencilla. El juez de instrucción ha decidido abrir dos piezas separadas de investigación, siendo la segunda de ellas relativa a la administración desleal y presunta manipulación del valor de la acción de Banco Popular, la línea argumental defendida por AEMEC.

De forma paralela se han admitido a trámite los recursos contencioso-administrativos presentados ante el Tribunal General de la Unión Europea contra la decisión de la JUR, siendo ésta una vía complementaria, y no alternativa, a la acción penal iniciada. En esta vía iniciada en Europa, se reclama una indemnización de 1,85 euros por acción, siendo avalado por un informe pericial aportado al procedimiento.

Por último, se han presentado recursos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional frente a la resolución del FROB por la que se acordó adoptar las medidas necesarias para ejecutar la decisión de la JUR. En esta vía Cremades Calvo-Sotelo Abogados representa al mayor grupo de recurrentes perjudicados.