Representantes de la Federación Nacional, de Andalucía y de Almería cuestionan que el MITECO “quiera llevar a cabo una reforma tan importante ignorando a los empresarios de las playas”. El Gobierno de España, a través del Ministerio de Transición Ecológica, se ha comprometido con la Comisión Europea a modificar el Reglamento General de Costas a exigencia de la normativa europea que, según argumentan, advierte que “condenará a España si no se modifica este reglamento antes de este verano”.

Ante esta exigencia, diferentes consejerías y colectivos empresariales han presentado alegaciones a la propuesta de modificación del reglamento, considerando que se demuestra un “nulo respeto institucional” hacia las Comunidades Autónomas y de forma incomprensible hacia los sectores turísticos afectados.

Unos de los más perjudicados con esta “modificación” son los cerca de 4000 chiringuitos repartidos por las playas españolas, cuyos empresarios han emprendido medidas urgentes: “Es lamentable lo que está sucediendo. Parece que intentaran perjudicarnos de nuevo con esta regulación ficticia que no lleva a ningún sitio y que conllevaría un grave perjuicio para todos los establecimientos que se encuentran desde hace demasiado tiempo en proceso de renovación de sus concesiones”. 

Ante esta situación, las federaciones de España, Andalucía y de Almería de Empresarios de Playas han solicitado una ronda de reuniones con todos los grupos políticos con representación parlamentaria, para explicarles la situación y la inquietud por esta medida “adoptada por el MITECO a golpe de decreto al reglamento, ya que por ley no se podría cambiar", lo que consideran una maniobra “injusta y muy perjudicial” para el sector turístico.

Desde las distintas federaciones y la asociación de Almería hemos hecho partícipes a distintos grupos parlamentarios de la situación, lamentando que el Gobierno de España no haya tenido en cuenta la opinión del sector en algo tan importante y que tanto les afecta.

“Han actuado con total hermetismo, no nos han consultado, no nos han hecho llegar información alguna de lo que pretenden hacer y, sobre todo, no nos han tenido en cuenta”, denuncian. 

Por último, los representantes empresariales han querido dejar muy claro que: “Nosotros no somos los culpables de la tardanza de la Junta de Andalucía en resolver las solicitudes presentadas antes de esta modificación, de la que solo ellos son responsables. No vamos a permitir que esa tardanza pueda afectar gravemente a la estabilidad de los establecimientos repartidos por todo el litoral ya que sus solicitudes de renovación fueron presentadas cumpliendo escrupulosamente con lo que marca la Ley de Costas vigente. Si esta modificación no da un paso atrás se pondrá en riesgo el trabajo de miles de familias a lo largo de todo el país”, concluyen.