El sindicato Docentes por la Pública reclama una reforma del sistema de adjudicación de plazas docentes en Andalucía para que los llamamientos de interinos se realicen por comarcas y los destinos sean voluntarios. La organización considera que el actual modelo provincial obliga a numerosos profesionales a aceptar plazas muy alejadas de sus hogares, con el consiguiente impacto económico y familiar.

Roberto Blanes, secretario de Organización del sindicato y vecino de El Ejido, sitúa el foco en dos procesos: la colocación de efectivos, que permite adjudicar vacantes para todo el curso antes de su inicio, y las convocatorias semanales de sustituciones a través del sistema SIPRI. "No planteamos una crítica, sino una propuesta de mejora que dignifique la condición laboral y familiar de este colectivo", señala.

Según Blanes, los interinos suelen quedar en último lugar dentro del proceso de adjudicación, tras otros colectivos como el personal suprimido, desplazado o en comisión de servicio. Esto hace que, con frecuencia, reciban los destinos menos demandados y más alejados. Sin embargo, el sindicato no cuestiona ese orden de prioridad, sino la imposibilidad de limitar geográficamente las preferencias.

La propuesta pasa por permitir que cada aspirante seleccione una o varias comarcas, en lugar de tener que optar por provincias completas. De este modo, un docente del Poniente almeriense podría solicitar esa zona y, por ejemplo, el sur de Granada, sin exponerse a recibir una plaza en puntos mucho más distantes de la provincia, como Los Vélez o el Levante almeriense.

"Si una persona de Adra tiene que desplazarse a Chirivel o Vélez-Rubio, el trayecto y los gastos pueden hacer inviable el puesto", explica Blanes. A ello se suma, en muchos casos, la necesidad de alquilar una segunda vivienda, asumir costes de combustible o pasar gran parte de la semana lejos de la familia. "Hay personas a las que esta situación les está costando la salud», advierte.

Destinos voluntarios

El sindicato defiende además que todos los destinos sean voluntarios. En la práctica, esto permitiría rechazar una plaza que no resulte viable sin sufrir penalización, de manera que pudiera ofrecerse al siguiente integrante de la bolsa interesado en ella. Para Docentes por la Pública, la medida no dejaría vacantes sin cubrir, ya que la Administración podría recurrir a bolsas extraordinarias cuando fuera necesario y existen aspirantes sin tiempo de servicio dispuestos a incorporarse.

Francisco Cobos, delegado de la organización en Córdoba, sostiene que el sistema actual no responde a la realidad geográfica andaluza. "Hay comarcas limítrofes que están más cerca de otra provincia que de buena parte de la suya", afirma. Como ejemplo, señala que docentes del entorno de Adra pueden tener más accesible la Costa Tropical granadina que municipios situados en el extremo norte de la provincia de Almería.

La comparación que plantea el sindicato es la del Servicio Andaluz de Salud, donde la adscripción se organiza mediante distritos sanitarios. "Si en Sanidad se puede trabajar por distritos, no entendemos por qué Educación no puede hacerlo por zonas comarcalizadas", afirma Blanes.

La subida del coste de la vida ha agravado el problema, según la organización. Los alquileres en determinadas zonas de Andalucía, como Málaga, Granada o Sevilla, pueden superar los 1.000 euros mensuales, una cifra difícil de asumir para quienes deben mantener además su vivienda habitual. En ese contexto, aceptar determinados destinos puede implicar destinar una parte importante del salario únicamente a alojamiento y desplazamientos.

Propuesta

Docentes por la Pública asegura haber trasladado la propuesta de comarcalización a la Consejería de Desarrollo Educativo mediante escritos presentados en abril y agosto. La respuesta recibida, según Blanes, fue negativa y argumentaba que la modificación afectaría a la orden y al decreto que regulan la colocación de efectivos.

Pese a ello, el sindicato insiste en que la actualización técnica del sistema no exigiría un aumento de la inversión pública. Su objetivo, recalca, es adaptar SIPRI y la colocación de efectivos a una realidad en la que la conciliación familiar, los tiempos de carretera y el coste de la vivienda condicionan cada vez más la disponibilidad de los docentes interinos.