Gestionar una comunidad de vecinos significa atender problemas que, en muchas ocasiones, afectan directamente a la convivencia. Una avería, una derrama o una obra que no termina de convencer pueden provocar desacuerdos entre propietarios. Y cuando surge el conflicto, las miradas suelen dirigirse hacia el administrador de fincas, incluso cuando la decisión no depende de él.

Es una situación que conoce bien Marta Ortiz, administradora de fincas y contadora censora del Colegio de Administradores de Fincas de Almería, que quiere poner sobre la mesa una realidad poco visible de su profesión: las faltas de respeto que algunos profesionales reciben mientras intentan solucionar los problemas de sus comunidades.

“Todos los problemas nos los achacan a nosotros”, nos cuenta. Correos electrónicos insistentes, llamadas fuera del horario laboral o reproches por decisiones aprobadas en junta forman parte de algunas experiencias que comparte con otros compañeros. 

Aunque insiste en que no se trata de una actitud generalizada, considera necesario recordar que el desacuerdo con una gestión nunca debería convertirse en un ataque personal.

Esa capacidad de mediación, adquirida mediante cursos y años de experiencia, resulta fundamental en edificios donde conviven personas con intereses diferentes. El problema aparece cuando, pese a las explicaciones y los intentos de diálogo, determinados propietarios mantienen una actitud de enfrentamiento.

A esta situación se suma un fenómeno que observa cada vez con más frecuencia: vecinos que consultan cuestiones jurídicas en herramientas de inteligencia artificial y dan por válidas sus respuestas sin comprobar si se ajustan a las circunstancias de su comunidad.

Marta no cuestiona su utilidad, pero recuerda que la aplicación de una norma depende muchas veces de detalles que no aparecen en una consulta general. 

Como ejemplo, menciona los cerramientos de terrazas, donde las mayorías necesarias pueden variar según las características de la intervención. “Cuando el administrador te dice algo es porque previamente ya se ha asesorado. Nosotros somos los primeros que queremos que todo esté acorde a la ley porque depende nuestro trabajo y reputación”, sostiene.

También cree que buena parte de los desencuentros nace de una confusión sobre las funciones del administrador. Cuando una comunidad aprueba una obra, por ejemplo, este profesional puede encargarse de tramitar acuerdos y facilitar la comunicación con la empresa, pero eso no significa que asuma automáticamente las tareas de un arquitecto o de un director de obra.

Lo mismo ocurre con determinados servicios jurídicos o fiscales, que deben contratarse de forma específica cuando no están incluidos en el encargo. “Nuestra responsabilidad está recogida en la Ley de Propiedad Horizontal”, recuerda Ortiz, que considera fundamental que cada propietario conozca qué puede exigir al administrador y qué corresponde a otros profesionales.

Lejos de plantear un enfrentamiento con los vecinos, Marta Ortiz propone una solución que considera sencilla: dejar claras desde el principio las obligaciones y los servicios contratados. Defiende que los presupuestos y acuerdos con las comunidades especifiquen las funciones del administrador, los trabajos adicionales y los límites de su responsabilidad.

Porque, al final, el administrador y los propietarios persiguen un objetivo común: que el edificio funcione, que las cuentas estén claras y que los problemas encuentren respuesta.