El rey emérito Juan Carlos I ha decidido iniciar acciones judiciales contra el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, por unas declaraciones que considera "calumniosas e injuriosas" vertidas en distintos medios de comunicación entre mayo de 2022 y enero de 2025. Así lo ha anunciado su abogada, Guadalupe Sánchez, en un comunicado de prensa. En el escrito, la letrada confirma que el monarca ha delegado en ella su representación para ejercer acciones civiles ante los tribunales de Santander.

Una demanda para defender el derecho al honor

Desde la defensa del rey emérito, se sostiene que Revilla utilizó "expresiones injuriosas, difamantes y oprobiosas", las cuales suponen una "grave calumnia" y vulneran el artículo 18.1 de la Constitución Española, que protege el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de todos los ciudadanos. Ante esta situación, Juan Carlos I ha solicitado un acto de conciliación como paso previo a la interposición de una demanda formal.

Una oportunidad para la rectificación

Según explica Sánchez en su comunicado, el objetivo de esta medida legal es dar a Revilla la oportunidad de rectificar públicamente sus declaraciones y, con ello, evitar un procedimiento judicial. La abogada detalla que dicha rectificación deberá realizarse en los mismos medios en los que se difundieron las afirmaciones consideradas difamatorias.

Además de la rectificación, el monarca emérito exige una indemnización de 50.000 euros por daños morales. No obstante, ha anunciado que, en caso de recibir esta cantidad, será donada íntegramente a Cáritas España, organización dedicada a la acción social y caritativa dentro del ámbito de la Iglesia católica.

Un hecho sin precedentes en la monarquía española

Esta es la primera vez que un monarca español lleva a los tribunales a un político en defensa de su honor. Juan Carlos I toma así una decisión sin precedentes desde que en 2020 se retiró de la vida institucional.

El expresidente cántabro ha protagonizado en los últimos años varias declaraciones críticas hacia el exjefe de Estado, algunas de las cuales han generado controversia tanto en el ámbito político como en la opinión pública. Ahora, será la justicia quien determine si Revilla cruzó los límites del derecho a la libre expresión o si sus declaraciones se mantienen dentro del marco de la crítica legítima.