Tras conocer la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Almería, en la que se exime al Ayuntamiento de Vera de responsabilidad patrimonial por la demolición de la vivienda de los Prior, “nos vemos en la obligación, de solicitar a dicho Juzgado, el levantamiento de la medida cautelar dictada en su día y por la que estábamos obligados a pagar el alquiler de una vivienda a los afectados”, ha afirmado José Antonio Fernández, portavoz del equipo de Gobierno local.

El Ayuntamiento solicitará también, “al eximirnos de la responsablidad patrimonial, la devolución de la cuantía que hasta el momento ha abonado el Consistorio por dicho arrendamiento” y que podría superar los 12.000 euros, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento lleva asumiendo este gasto -500 euros mensuales- desde hace dos años. Mientras se obtiene una respuesta a la petición que formula el Consistorio “seguiremos pagando ese alquiler”, señala Fernández.

Los Prior pedían también una indemnización de 740.000 euros al Consistorio por los daños causados, pero, según la justicia, dicha indemnización no estaría justificada porque, de momento, la Administración municipal no tiene responsabilidad patrimonial alguna.

En cumplimiento de las medidas cautelares dictadas en su día por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, el Ayuntamiento ha estado proporcionando una vivienda al matrimonio, asumiendo el alquiler de una casa situada en una urbanización del término municipal que debía reunir las condiciones y características de la vivienda demolida, por orden judicial, en enero de 2008.

Valoración de la sentencia

El juzgado ha dictado sentencia respecto al recurso que presentó el matrimonio Prior contra el Ayuntamiento por la desestimación de éste respecto a la petición de responsabilidad patrimonial de la Administración local en la demolición de su vivienda, al declararse nula la licencia de obras concedida por el Consistorio.

El Partido Popular de Vera, que asumió las tareas del Gobierno desde las pasadas elecciones locales, ha recibido la sentencia “con un respeto absoluto” y la considera “un primer paso que, de momento, nos exime de esa responsablidad patrimonial”, a la espera del pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía “que aún no ha emitido sentencia sobre quién tiene la responsabilidad en el otorgamiento de la licencia de obras que se dio en su día a la familia Prior”, recuerda Fernández.

Y aunque, en este caso, la justicia ha quitado la razón a los Prior, según ha podido saber LA VOZ, recientemente se ha dado una sentencia favorable para una vivienda que, aún estando en la misma situación legal que la de los Prior, con informes desfavorables, se ha librado de la orden de derribo al interrumpirse dicho proceso legal.