Una mujer de 88 años se quedó sin luz y sin agua en pleno mes de agosto después de que el nuevo propietario de su vivienda ordenara cortar ambos suministros para forzarla a abandonar la casa. La anciana seguía pagando los recibos y permanecía en el inmueble mientras esperaba que la Justicia acordara su desalojo.

Ahora, el propietario ha sido condenado por un delito de coacciones. La plaza número 5 del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar ha impuesto al acusado,  una pena de 14 meses de multa, con una cuota diaria de siete euros. En total, deberá abonar 2.940 euros, además de hacerse cargo de las costas del procedimiento.

La sentencia llega después de un acuerdo de conformidad en el que el acusado reconoció los hechos y aceptó la condena.

Detrás del procedimiento está la historia de I.R.L.L., una mujer de 88 años que había estado pagando durante 25 años la hipoteca de su vivienda. Sin embargo, finalmente no pudo seguir afrontando las cuotas y la casa terminó embargada y posteriormente salió a subasta.

El inmueble fue adquirido por un nuevo propietario, pero el proceso judicial todavía no había terminado. La mujer continuaba viviendo sola en la casa mientras esperaba que se acordara judicialmente el lanzamiento, es decir, el momento en el que debía abandonar legalmente la vivienda.

El nuevo dueño, sin esperar a que llegara esa resolución, consiguió que las compañías suministradoras interrumpieran los servicios de electricidad y agua. Lo hizo en pleno mes de agosto y con la intención de provocar que la anciana dejara la casa.

La mujer, sin embargo, estaba al corriente de los pagos de ambos recibos. Finalmente tuvo que intervenir el juzgado y, por orden judicial, la luz y el agua le fueron restituidas.

No todo es 'okupación'

El caso llevó hace unas semanas al magistrado Claudio García Vidales, titular de la plaza número 5 de Roquetas de Mar, a lanzar una advertencia sobre este tipo de situaciones.

El juez alertó de que algunos propietarios estaban recurriendo a medidas de presión contra personas que atravesaban procedimientos de embargo, desahucio o impagos puntuales, tratándolas como si fueran 'okupas' cuando jurídicamente su situación es diferente.

La advertencia surgió a raíz de la interpretación de una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las medidas que pueden adoptarse ante ocupaciones ilegales de viviendas.

El magistrado incidió precisamente en esa diferencia: una persona inmersa en un procedimiento judicial o que deja de pagar por determinadas circunstancias no puede ser expulsada por la fuerza mediante cortes de suministros, sino que el propietario debe esperar a que concluya el procedimiento correspondiente.

En este caso, la Justicia ha considerado que cortar la luz y el agua a la anciana para conseguir que abandonara la vivienda constituyó un delito de coacciones.