La Ciudad de la Justicia de Almería tiene previsto acoger esta semana el juicio contra 30 personas acusadas de elaborar un plan para que mujeres marroquíes sin residencia legal en España la obtuvieran mediante falsas denuncias por violencia de género contra hombres, mayoritariamente españoles, que las agredían en público simulando una relación sentimental a cambio de sumas de hasta 4.500 euros.

La Fiscalía pide penas de ocho años y medio de cárcel para el supuesto 'cerebro' del plan mientras que para cada uno de los 13 hombres implicados en la trama reclama nueve meses de prisión, según recoge el escrito provisional de acusación al que ha tenido acceso Europa Press.

De otro lado, durante la causa se llegó a identificar a 16 mujeres que habrían conseguido beneficios ilícitos con las denuncias falsas, no solo de residencia sino también en forma de prestaciones de la Seguridad Social al constar como personas vulnerables. A ellas se les piden penas de hasta cinco años y tres meses de cárcel.

Los hechos tuvieron lugar entre 2017 y 2019, cuando el principal acusado habría urdido un plan junto con otra persona, sobre la que pesa un orden de búsqueda y detención, para facilitar por la vía del fraude la residencia legal en España a través de mecanismos excepcionales como víctimas de violencia de género, de modo que les habrían explicado cómo debían actuar.

Así, los ideólogos ponían a estas mujeres en contacto con otros hombres, con los que debían dirigirse a un lugar público para, una vez allí, ser agredidas por ellos a la vista de todos, según la fiscal.

El Ministerio Público apunta el papel de estos hombres, quienes sabrían que su actuación estaba destinada a que las mujeres "obtuvieran la residencia" en el país, pero no que las acusadas declararían ante el juez que ellas "eran sus parejas, sin serlo". Tampoco serían conocedores de que ellas iban a solicitar después ayudas a la Seguridad Social.

Este tipo de situaciones habrían tenido lugar, conforme a la investigación realizada por la Guardia Civil, en sitios como avenidas, paseos marítimos, cafeterías, bares, parques o entradas de colegios en Almería, Aguadulce, Roquetas de Mar, Vícar, El Ejido y Almerimar, entre otros espacios.

Denuncias y juicios amañados

Según las instrucciones que habrían recibido, las mujeres debían manifestar tras dichas agresiones, tanto ante la Guardia Civil como ante el juez de guardia, que la persona que les había agredido era su pareja, puesto que ese hombre "iba a reconocer los hechos y se le iba a condenar" ante el mismo juez.

Así, a partir de estas denuncias se daba lugar a juicios por diligencias urgentes con las que se conseguían sentencias de conformidad en las que los hombres eran condenados por delitos de lesiones en el ámbito de la violencia sobre la mujer. Las penas por este tipo de delitos suelen ser bajas y los condenados pueden evitar su ingreso en prisión.

Con la misma sentencia condenatoria en la que las mujeres figuraran como víctimas, estas se presentaban a los pocos días en la Oficina de Extranjería de la Subdelegación de Gobierno para solicitar una autorización de residencia y trabajo "por circunstancias excepcionales" al ser "víctimas de violencia sobre la mujer". Las mujeres solían conseguir un permiso de cinco años de vigencia a través de este método.

Los supuestos organizadores también les habrían explicado que con dicha sentencia también podrían obtener prestaciones por desempleo o, si llegaban a conseguir un trabajo, otras prestaciones de la Seguridad Social por incapacidad temporal o nacimiento y cuidado del menor.

Así, la Fiscalía apunta casos en los que algunos mujeres se hicieron con prestaciones a través del Programa de Renta Activa de Inserción por ser víctimas de violencia de género, por los que obtuvieron ayudas de hasta 5.600 euros cobradas indebidamente y que son reclamadas en la causa.

El Ministerio Público acusa al supuesto autor intelectual de la trama de un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, otro contra la Seguridad Social y otro de falso testimonio.

Asimismo, han sido acusados de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros mientras que ellas están acusadas de falso testimonio y, en nueve casos, de delitos contra la Seguridad Social. El juicio está previsto para el próximo 7 de octubre en el Penal 3 del Tribunal de Instancia de Almería.