El caso por la muerte del médico Rafael Piorno ha dado este lunes, 28 de septiembre, un paso decisivo en los juzgados de Roquetas de Mar. La causa ha arrancado ante un jurado popular, encargado de enjuiciar unos hechos ocurridos en agosto de 2024 en la vivienda que el facultativo tenía en Aguadulce.

La comparecencia de este lunes ha estado destinada destinada a concretar las imputaciones y encauzar definitivamente el procedimiento por la Ley del Jurado. En el centro de la causa se encuentran O.F.S., vecino de León al que la investigación sitúa como autor material de la agresión, y J.J.F.M., agente de la Policía Nacional y antiguo paciente de Piorno, a quien los investigadores atribuyen la condición de presunto ideólogo del plan para entrar en la vivienda para cometer un supuesto robo.

Ambos se encuentran en prisión provisional. Junto a ellos figuran también como investigados la pareja sentimental del policía y el hijo de este, por su supuesta participación en los preparativos previos. Sobre la mesa aparecen delitos contra la vida y un robo con violencia e intimidación, además de otras cuestiones que deberán delimitarse conforme avance el procedimiento.

La vista de este lunes

El último auto conocido durante la instrucción apreciaba concretamente indicios de homicidio y robo con violencia e intimidación, mientras que en la vista de este lunes se deben precisar las imputaciones que finalmente afronten los encausados.

Según los datos recabados por LA VOZ esta mañana, a través de fuentes judiciales cercanas al proceso, entre las imputaciones que se manejan figuran delitos de asesinato, robo y tenencia de armas, mientras permanece bajo investigación uno de los elementos que ha cobrado especial relevancia durante las pesquisas: la presencia y "utilización de un táser", según han señalado las mismas fuentes.

Los hechos

La entrada en casa del médico Los hechos se remontan al 23 de agosto de 2024. La investigación sostiene que el policía y O.F.S. se habrían puesto de acuerdo previamente para entrar en la vivienda de Piorno, ubicada en Aguadulce. El inmueble estaba a la venta y esa circunstancia habría servido para acercarse al facultativo. O.F.S. habría sido el primero en acceder a la casa haciéndose pasar por una persona interesada en comprarla.

Es en ese momento cuando aparece uno de los elementos sobre el que continúa girando la investigación: un dispositivo eléctrico tipo táser con el que supuestamente fue atacado Piorno. La documentación judicial conocida hasta ahora sitúa el empleo de ese dispositivo al comienzo del enfrentamiento.

Piorno, de 76 años, habría tratado entonces de defenderse con un cuchillo y causó tres heridas a su agresor en el cuello y los hombros. Ante la resistencia del médico, según el relato de instrucción, J.J.F.M. habría entrado también en la vivienda con el rostro oculto.

El táser es una pieza del caso,

El agente conocía al facultativo porque había sido paciente suyo. Los investigadores sostienen que ambos terminaron inmovilizando a Piorno para impedir que pidiera ayuda. El cuerpo del médico fue localizado días después en su domicilio.

La investigación sostiene además que, después de los hechos, los implicados trataron de eliminar rastros de sangre, se hicieron con prendas del fallecido y abandonaron posteriormente la vivienda. Las pesquisas de la Guardia Civil han situado además numerosos contactos entre los dos principales investigados alrededor de la fecha del crimen.

Las dos defensas están planteando estrategias diferentes

La defensa de J.J.F.M. y su familia, ejercida por Elisabeth Guerrero, ha tratado de desmontar parte de los indicios recabados durante la investigación. Entre ellos, esgrime un informe de Toxicología que no detectó sangre humana en los asientos de la furgoneta, un resultado con el que cuestiona la versión de que en el vehículo se depositaron prendas ensangrentadas.

Guerrero también rechaza la implicación de la pareja y el hijo del agente, al considerar que no se concreta qué actuación habría tenido cada uno en los hechos. La abogada reclama además que se retire la fianza solidaria de 100.000 euros fijada para los cuatro investigados.

14 contactos telefónicos

El análisis del teléfono de O.F.S. detectó hasta 14 contactos telefónicos cifrados con J.J.F.M. entre los días 22 y 24 de agosto de 2024, aunque los investigadores no pudieron recuperar el contenido de esas comunicaciones. O.F.S. "ha colaborado en todo momento" Una de las primeras posiciones de las defensas ante el arranque del procedimiento la ha trasladado José Luis Martínez, abogado de O.F.S.

El letrado asegura que su cliente afronta tranquilo el proceso y pone especialmente el acento en su comportamiento durante los dos años de investigación. "Mi cliente en todo momento ha colaborado con la Justicia", sostiene Martínez, quien recuerda que O.F.S. accedió incluso a participar en la reconstrucción de los hechos.

Problemas de adicción

Martínez avanza además cuál será uno de los elementos sobre los que pivotará su defensa. Según explica, su representado presentaba entonces una adicción a las drogas, una circunstancia que pretende hacer valer durante el procedimiento.

El abogado tampoco cierra la puerta a buscar un entendimiento con el Ministerio Fiscal. "No, en absoluto", contesta al ser preguntado expresamente sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía.

Martínez asegura que la defensa estudiará las posibilidades que se presenten durante el procedimiento con el objetivo de buscar la opción más favorable para su representado. Sobre lo que ocurrió exactamente en el interior de la vivienda de Piorno, sin embargo, el abogado evita por el momento entrar en detalles y remite al desarrollo del procedimiento para esclarecer los extremos que todavía están en discusión.