Más de un año después del inicio de un polémico proceso de licitación para el servicio de retirada de vehículos con grúa en Roquetas de Mar, el Tribunal Administrativo ha emitido una resolución que pone fin a una serie de irregularidades y obstáculos que han retrasado la adjudicación definitiva. La empresa Desguaces Suspiro del Moro S.L. ha logrado que se anule la resolución que declaraba desierta la licitación, lo que implica que el Ayuntamiento deberá reabrir el proceso y evaluar sus alegaciones pendientes.

Un proceso marcado por la controversia y la lucha por la transparencia

Todo comenzó hace más de un año cuando el Ayuntamiento de Roquetas de Mar convocó un concurso público para contratar el servicio de grúa municipal. Entre los requisitos esenciales para participar figuraba la obligatoriedad de que la empresa dispusiera del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) para conductores profesionales, requisito normativo indispensable para operar en toda la Unión Europea.

Según explica Joaquín Cenit, responsable de Desguaces Suspiro del Moro, “éramos los únicos que cumplíamos con la calificación CAP”. Sin embargo, la adjudicación inicial fue concedida a la empresa que anteriormente prestaba el servicio, la cual carecía de esta titulación. Frente a esta situación, Desguaces Suspiro del Moro decidió recurrir la licitación por considerar que la adjudicación vulneraba los criterios legales y de igualdad.

El recurso surtió efecto y el Ayuntamiento anuló la primera licitación. Sin embargo, las complicaciones no terminaron ahí.

Dificultades con el terreno para el depósito: un escollo más en el camino

Tras quedar como adjudicatarios provisionales, la empresa presentó un terreno para uso exclusivo como depósito de vehículos. Para garantizar el servicio, entregaron una fianza de 17.000 euros, pero el Ayuntamiento rechazó el terreno alegando que atravesaba una carretera y que podría generar problemas de seguridad. Este nuevo obstáculo también fue recurrido por Desguaces Suspiro del Moro, que defendió que el espacio solo se usaría para depósito, sin edificación ni alteraciones.

A pesar de contar con la documentación y los recursos, el proceso se prolongó y el servicio de grúa continuó siendo prestado por la empresa anterior, renovándose mes a mes mediante contratos sin licitación pública, lo que generó una situación de incertidumbre e inseguridad jurídica.

El fallo del Tribunal: un reconocimiento a la legalidad y a los derechos de los licitadores

En una resolución emitida en junio de 2025, el Tribunal Administrativo analizaba en profundidad el procedimiento y constata que la exclusión de la oferta de Desguaces Suspiro del Moro se realizó sin respetar debidamente el trámite de audiencia. Un informe técnico del Ayuntamiento notificó a la empresa, pero contenía errores formales que llevaron a la recurrente a presentar sus alegaciones ante el órgano incorrecto, generando confusión.

El Tribunal subrayó que el órgano de contratación debió haber gestionado estas alegaciones de forma adecuada antes de declarar desierta la licitación y excluir a la empresa, algo que no ocurrió. Además, detectó que la motivación para la exclusión no coincidía con las razones expuestas en el informe técnico, privando a la recurrente de conocer con claridad los argumentos en su contra.

Como consecuencia, el Tribunal anuló la resolución de marzo de 2025, retrotrayendo el procedimiento para que se atendieran las alegaciones y se continúe con el proceso de adjudicación con las garantías legales correspondientes. Además, ordenó levantar la suspensión del procedimiento y exige al Ayuntamiento informar sobre las acciones adoptadas para cumplir esta resolución.

Palabras del responsable de Desguaces Suspiro del Moro

Joaquín Cenit, representante de la empresa, se muestra desconcertado ante la situación.“Yo compré tres grúas que ahora están paradas, alquilé un terreno que también permanece sin uso y llevamos más de un año esperando que el Ayuntamiento nos dé una respuesta clara. Hemos cumplido todos los requisitos legales, pero el servicio sigue en manos de la empresa anterior, que no cuenta con la titulación necesaria. El Tribunal nos ha dado la razón en hasta tres ocasiones, pero la incertidumbre continúa. Si no recibimos respuesta, volveremos a acudir a los tribunales.”

Ahora, con la resolución del Tribunal, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar debería rectificar y garantizar un proceso justo que permita adjudicar el servicio de grúa a quien realmente cumpla las condiciones exigidas y defienda el interés general de la ciudadanía.