El Ayuntamiento de Huércal-Overa tiene varios frentes abiertos con el empresario y exalcalde del PP Diego Ortega. No se trata sólo de la paralización de una obra por la que ahora el consistorio tendrá que pagar 2,7 millones de euros, sino que hay varios expedientes de expropiación forzosa, realizados por el anterior gobierno socialista, sobre propiedades del exalcalde que también acabaron en los tribunales y que, hasta el momento, cuentan con sentencias favorables a Ortega y supondrían casi tres millones más de euros de indemnización por parte de las arcas municipales.

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huércal-Overa ha solicitado informes jurídicos tanto de los servicios municipales como de un gabinete externo para tomar una decisión sobre si recurre o no ante el TSJA la sentencia por la que el Ayuntamiento deber indemnizar al exalcalde popular y empresario Diego Ortega por la paralización de unas obras con 2,7 millones de euros.

El alcalde del municipio, Domingo Fernández, no descarta tampoco la posibilidad de pedir responsabilidad patrimonial a los responsables de las decisiones que han motivado esa sentencia. Así lo ha manifestado a LA VOZ DE ALMERÍA, después de asegurar que el tiempo corre en contra y que el plazo para presentar el recurso finaliza el próximo lunes. “Vamos a intentar resolver esto de la mejor manera posible”, ha dicho. Y es que ha insistido en que un recurso podría suponer que los 2,7 millones de euros que actualmente tiene que pagar el Ayuntamiento se multipliquen por mucho una vez que se resuelva el recurso por la vía judicial, algo que, según fuentes consultadas, podría suponer del orden de ocho años más de intereses si no prospera.

Por su parte, el afectado, Diego Ortega, se muestra dispuesto a negociar la rebaja de los 2,7 millones de euros si el consistorio decide finalmente no recurrir la sentencia del juez Rivera. Sentencia a la que han precedido tres sentencias firmes en años anteriores y que no se han ejecutado por parte del anterior equipo de Gobierno. Ortega cree que lo que tendría que suceder es que el Ayuntamiento no recurra la decisión, para evitar mayores perjuicios, y que se pida “acción de responsabilidad patrimonial” para los miembros de la Junta de Gobierno que adoptaron las decisiones de paralizar unas obras que “eran legales”.

Explica Ortega que el equipo de Gobierno tendría que iniciar un expediente informativo sobre la responsabilidad de los hechos y “que sean los socialistas los que tengan que hacer un recurso de alzada contra la resolución administrativa solicitándoles el reintegro de las cantidades”.

De hecho, el propio juez Rivera, en la sentencia dictada el pasado 8 de septiembre ya recoge que hay supuestos en los que “procede hacer un reparto proporcional del importe de la indemnización entre los agentes que participan en la producción del daño, bien moderando ese importe o acogiendo la teoría de la compensación de culpas para efectuar un reparto equitativo del montante de aquella”.

Diego Ortega cree que dado que, además, la propia sentencia reconoce que “ha habido conducta contumaz y obstativa” por parte de los anteriores gobernantes municipales hay argumentos sobrados para que pudiera prosperar y tuvieran que reingresar las cantidades abonadas al Ayuntamiento.

Domingo Fernández, por su parte, opina que la sentencia del magistrado viene a certificar que Diego Ortega fue objeto de persecución por parte de los anteriores gestores municipales del PSOE. Hubo, señala citando la sentencia judicial, una paralización de obras “sin saber por qué”.