“No entiendo este revuelo sobre las 1.600 viviendas proyectadas en Palomares”
El alcalde de Cuevas del Almanzora defiende que el proyecto tiene hasta el momento "todos los informes" favorables

Vista aérea de la playa de Palomares.
La construcción proyectada de 1.600 viviendas frente a las playas de Palomares (Cuevas del Almanzora) ha provocado cierto alarmismo entre parte de la población y sobre todo entre asociaciones ecologistas, desde las que han advertido de la posibilidad de que estas obras remuevan tierra "contaminada".
Una posibilidad que ha descartado tajantemente el alcalde cuevano, Antonio Fernández, quien durante una entrevista en el programa 'Directo al grano' de TVE ha reconocido que no comprende la polémica levantada en torno a este proyecto urbanístico. “No entiendo este revuelo", ha reconocido antes de recordar los últimos informes favorables logrados por el proyecto aunque ha advertido que "todavía queda un largo recorrido para que salgan esas 1.600 viviendas".
Entre estos ha destacado el último emitido por la Junta de Andalucía que también "aglutina" otros como el de la Confederación Hidrográfica o "el informe del Ciemat (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas)". De éste último, Fernández recuerda que es el organismo "encargado de velar por la seguridad de Palomares desde el accidente".
En este mismo sentido, ha recordado que otros municipios "vecinos costeros de Palomares" han llevado a cabo "proyectos de hasta 4.000 viviendas" pese a que "algunos de ellos están a escasos metros de las vallas que separan la tierra que está contaminada con plutonio".
Cabe recordar que hace tan sólo unos días la Junta de Andalucía manifestó que "no existe riesgo radiológico" que pueda asociarse al desarrollo urbanístico de esa parcela de más de 140.500 metros cuadrados frente a la playa de Quitapellejos conforme a los informes remitidos por organismos competentes en seguridad radiológica al situarse "fuera" de área afectada por contaminación tras el accidente nuclear que se dio en 1966.
Fuentes del Gobierno andaluz y de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente trasladaron entonces que "no se prevén afecciones radiológicas derivadas de la ejecución del proyecto" que prevé levantar 1.600 viviendas en un espacio próximo al área contaminada, toda vez que "las condiciones establecidas garantizan que la protección ambiental y la seguridad de las personas están plenamente aseguradas".
Más allá del proyecto urbanístico, los vecinos siguen reclamando una solución definitiva que debe darse tras un acuerdo entre los gobiernos de EEUU y España, reclamado desde hace décadas pero que nunca llega ni está cerca de hacerlo. Las expectativas a este respecto son, aún menores, tras la llegada de Trump al Gobierno estadounidense.