El PSOE denuncia que la mala gestión del PP obliga a hipotecar Carboneras hasta 2041 y estudia acciones judiciales por la inclusión de facturas presuntamente irregulares.

Los socialistas votaron en contra del Plan de Ajuste porque consideran que traslada a los vecinos las consecuencias de la gestión económica del gobierno de Salvador Hernández y denuncian que el expediente incorpora facturas sobre las que existen serias dudas de legalidad. 

El Grupo Municipal Socialista de Carboneras ha denunciado la grave situación económica a la que el gobierno del Partido Popular, encabezado por Salvador Hernández, ha llevado al Ayuntamiento, después de que el Pleno debatiera la aprobación del Plan de Ajuste exigido por el Ministerio de Hacienda como consecuencia "del reiterado incumplimiento en el pago a proveedores". "La propia Intervención municipal reconoce que el Ayuntamiento de Carboneras ha sido incluido con carácter obligatorio en el mecanismo estatal de pago a proveedores por incumplir de forma reiterada los plazos legales de pago y que acumula 2.495.460,80 euros de deuda neta, correspondientes a 775 facturas de 56 proveedores", señalan en un comunicado remitido a la prensa. 

Para el PSOE, este Plan de Ajuste "no representa una buena noticia, sino el reconocimiento oficial del fracaso de la gestión económica del Partido Popular". "El Ministerio no rescata al Ayuntamiento de Carboneras; rescata a los proveedores de la mala gestión del Partido Popular", aseguran.

Los socialistas consideran que el alcalde pretende presentar este mecanismo extraordinario como un logro de su gestión, "cuando la realidad es que el Gobierno de España ha tenido que activar este procedimiento porque el Ayuntamiento no ha sido capaz de cumplir con una de sus obligaciones más básicas: pagar a quienes prestan servicios al municipio dentro de los plazos que establece la ley. Quince años pagando las consecuencias de la mala gestión. El plan contempla la formalización de un préstamo de 2,5 millones de euros, que deberá devolverse durante 15 años, sin periodo de carencia, extendiendo su vigencia hasta 2041", afirman. 

"Las consecuencias de la gestión del señor Hernández no terminarán en este mandato. Su mala gestión va a condicionar las cuentas municipales durante los próximos quince años e hipotecará la capacidad de actuación de los cuatro próximos gobiernos municipales", destacan los socialistas en el comunicado de prensa. 

El PSOE recuerda además que "el propio Plan de Ajuste incorpora medidas que recaerán directamente sobre los vecinos, como la subida del IBI ya aprobada -que supondrá unos ingresos adicionales de 695.000 euros anuales-, el incremento de la presión recaudatoria y la limitación de las contrataciones temporales, con la consiguiente repercusión en la prestación de servicios municipales". "Los vecinos pagarán más impuestos, tendrán un Ayuntamiento con menos capacidad para prestar servicios y, además, deberán asumir durante quince años las consecuencias de una gestión económica absolutamente irresponsable". 

​El PSOE estudia acciones judiciales

Durante el debate plenario, los concejales socialistas denunciaron igualmente que el expediente incorpora el pago de facturas respecto de las que existen fundadas dudas sobre el cumplimiento de la legalidad administrativa, al tratarse de gastos derivados, presuntamente, de contrataciones verbales o realizadas prescindiendo de los procedimientos legalmente establecidos, una práctica que el PSOE viene denunciando de manera reiterada durante todo el mandato. Por este motivo, el Grupo Municipal Socialista ha anunciado que está estudiando la interposición de las acciones judiciales que resulten oportunas para determinar si la incorporación de determinadas facturas al mecanismo extraordinario de pago se ajusta plenamente a Derecho y para exigir, en su caso, las responsabilidades que pudieran derivarse. "Defenderemos siempre que los proveedores cobren por los trabajos efectivamente realizados, pero también defenderemos que el dinero público se gestione con absoluto respeto a la legalidad. La necesidad de pagar no puede servir para blanquear procedimientos administrativos presuntamente irregulares ni para eludir las responsabilidades políticas y jurídicas que correspondan", añaden.