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La Justicia anula el control provisional de la JUAPA sobre la masa de agua de Campo de Dalías-Sierra de Gádor

El TSJA concluye que el procedimiento había caducado y que la comunidad recurrente quedó excluida de las decisiones sobre la gestión de la masa de agua

EUROPA PRESS - Archivo

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Víctor Navarro
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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado el recurso presentado por la Comunidad de Usuarios Los Acuíferos de la Sierra de Gádor y ha anulado las resoluciones de la Junta de Andalucía relacionadas con la atribución provisional de determinadas funciones a la Junta Central de Usuarios del Acuífero del Poniente Almeriense (JUAPA) en la masa de agua subterránea Campo de Dalías-Sierra de Gádor, al concluir que el procedimiento administrativo había caducado.

La sentencia, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Granada, da la razón a la comunidad recurrente frente a la Administración autonómica y a la JUAPA, codemandada en el procedimiento. El litigio tiene su origen en la resolución de 21 de junio de 2022 adoptada por la Dirección General de Recursos Hídricos en relación con la masa de agua subterránea Campo de Dalías-Sierra de Gádor y las medidas previstas para su gestión.

Entre ellas figuraba la atribución provisional a la JUAPA de funciones propias de los usuarios de la masa de agua, decisión que fue recurrida por la Comunidad de Usuarios Los Acuíferos de la Sierra de Gádor.

Según recoge la sentencia, la comunidad recurrente sostuvo que en el expediente no constaba acuerdo de iniciación del procedimiento y que el plazo máximo para resolver debía computarse desde el 13 de junio de 2022. A su juicio, al resultar aplicable el plazo de tres meses previsto en la legislación administrativa, el procedimiento había caducado cuando se produjo la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Frente a ello, la Junta de Andalucía y la Junta Central de Usuarios del Acuífero del Poniente Almeriense (JUAPA) defendieron que la medida no ocasionaba perjuicio a la comunidad recurrente y que no se trataba de un procedimiento sancionador, por lo que entendían que no procedía apreciar la caducidad alegada por la demandante. Sin embargo, la Sala rechaza ese planteamiento. Los magistrados subrayan que la resolución impugnada atribuía a la JUAPA, "en monopolio y con carácter provisional", funciones correspondientes a los usuarios de la masa de agua.

Además, consideran acreditado que la comunidad demandante había quedado excluida de cualquier decisión relativa a las medidas a adoptar para la gestión de dicha masa, circunstancia que suponía un perjuicio para sus derechos e intereses.

A partir de esa conclusión, el tribunal entiende que el procedimiento estaba sometido al régimen de caducidad previsto en la normativa administrativa. La sentencia señala que el plazo máximo para resolver expiraba el 13 de septiembre de 2022, mientras que la publicación oficial de la resolución se produjo el 27 de octubre de ese mismo año, cuando dicho plazo ya había vencido. Por ello, la Sala concluye que el procedimiento había caducado.

Como consecuencia, el TSJA declara no conformes a derecho tanto la resolución de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca, Aguas y Desarrollo Rural que desestimó el recurso de alzada como el acuerdo de la Dirección General de Recursos Hídricos relacionado con la resolución de 21 de junio de 2022.

El fallo impone las costas procesales a la Administración autonómica y a la parte codemandada, con un límite de 2.000 euros en honorarios de letrado, y recoge que contra la sentencia cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo

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