La llegada de 49 migrantes el pasado 17 de agosto al recurso Cuesta Blanca, en Purchena, ha generado durante los últimos días una fuerte controversia en el Valle del Almanzora. El inmueble, que permanecía cerrado desde hacía seis años tras haber funcionado como centro de menores, ha reabierto sus puertas para acoger a un grupo de 50 personas. La ausencia de información pública en las primeras horas favoreció la difusión de vídeos, fotografías y mensajes en redes sociales, algunos de los cuales apuntaban a que se trataba de migrantes llegados desde Ceuta tras la reciente crisis migratoria.

Sin embargo, fuentes conocedoras del operativo han desmentido esa versión y aseguran que los residentes de Cuesta Blanca llegaron inicialmente a Canarias y fueron trasladados posteriormente a un centro gestionado por la Fundación Engloba en Málaga y ahora han sido reubicados en Almería dentro del sistema estatal de acogida. Además, de acuerdo con fuentes solvente consultadas por LA VOZ contaría con protección internacional.

Sin embargo, toda esta información no fue transmita, presuntamente en forma o contenido al Ayuntamiento de Purchena, término municipal donde se encuentra Cuesta Blanca, o al municipio vecino de Olula del Río, quienes han visto como desde hace unos días 50 personas de las que no disponían información habitaban el pueblo.

La situación se ha centrado este miércoles en una rueda de prensa del Partido Popular de Almería en la que participaron la diputada nacional Maribel Sánchez Torregrosa y los alcaldes de de Purchena y Olula de Río, acompañados por los de Macael y Alcontar como representantes de la mancomunidad del Valle del Almanzora. Durante la comparecencia, los populares han acusado al Gobierno de España de actuar con "improvisación", "oscurantismo" y falta de coordinación institucional por no informar previamente a los ayuntamientos afectados.

Según ha denunciado Sánchez Torregrosa, los alcaldes tuvieron conocimiento de la llegada de los migrantes a través de vecinos y de imágenes difundidas por redes sociales. "No ha habido ningún tipo de comunicación oficial previa por parte del subdelegado del Gobierno", afirmó la diputada, que defendió que los ayuntamientos no pretenden asumir competencias en materia migratoria, sino disponer de información para responder a las preguntas de la ciudadanía.

El alcalde de Purchena, José Luis Serrano, ha respaldado esa versión y ha asegurado que el Ayuntamiento no recibió ninguna notificación oficial antes de la reapertura del centro. "Yo ahora mismo lo testifico, que el Ayuntamiento de Purchena no tiene ninguna notificación oficial", afirmó. Entre las cuestiones planteadas por el PP figura conocer quién decidió abrir el recurso, qué entidad lo gestiona, cuántas personas alberga, cuánto tiempo permanecerán en las instalaciones, qué medios humanos dispone el centro y si están previstas nuevas llegadas.

Además, el Ayuntamiento de Purchena ha remitido un requerimiento formal a la entidad gestora concediendo un plazo de diez días para aportar documentación relacionada con la situación administrativa del inmueble, sus condiciones de funcionamiento y aspectos vinculados a la seguridad y la salubridad. Precisamente la inquietud vecinal fue uno de los asuntos más repetidos durante la comparecencia.

El alcalde de Macael, Raúl Martínez, ha asegurado que la falta de información ha provocado incertidumbre en los municipios de la comarca. "Nuestros vecinos están desinformados, están asustados porque no saben el tipo de personas que están viniendo ahí", ha señalado.

No obstante, parte de esa preocupación habría quedado mitigada tras una reunión celebrada este martes entre representantes de la Fundación Engloba y el alcalde de Purchena, en la que también estuvieron representantes d la mancomunidad. Según ha explicado el presidente de la Mancomunidad del Valle del Almanzora y alcalde de Alcontar, Antonio Ramón Salas, el encuentro permitió conocer mejor el perfil de las personas acogidas. "Nos tranquilizamos un poco", reconoció.

Según relató, desde la entidad gestora les trasladaron que los migrantes procedían de otros recursos de acogida y formaban parte del sistema de protección internacional. Fuentes consultadas por LA VOZ han confirmado que en dicha reunión participaron representantes del centro Cuesta Blanca y de la Fundación Engloba, encargadas de explicar el funcionamiento del recurso y responder a las dudas planteadas por los responsables municipales.

Otro de los puntos de fricción gira en torno al propio centro. Mientras el PP reclama información sobre los permisos y condiciones en las que se ha producido la reapertura de unas instalaciones cerradas desde hace años, fuentes solventes explican que la ONG  sostienen que el complejo reúne todos los requisitos necesarios para desarrollar esta actividad al haber funcionado anteriormente como centro de menores.

Las mismas fuentes insisten en que las personas acogidas cuentan con protección internacional y forman parte de los programas europeos de acogida.

La falta de información también enfrenta las versiones de los implicados. Fuentes conocedoras del proceso aseguran que se intentó organizar una reunión entre la ONG y los alcaldes del Almanzora para explicar el dispositivo, aunque finalmente no llegó a celebrarse. Asimismo, señalan que la apertura del recurso fue comunicada al delegado Territorial de Inclusión Social de la Junta de Andalucía como gesto de "cortesía institucional".

Una afirmación que ha sido rechazada por el PP, que asegura no tener constancia de dicha comunicación. Además de señalar la no competencia de la Junta en temas de migración. Los populares han acabado señalando directamente al subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, al que responsabilizan de la falta de coordinación institucional. 

Sánchez Torregrosa ha llegado a reclamar su dimisión al considerar que no estuvo a la "altura de sus responsabilidades". Más allá del choque político, el episodio ha puesto de manifiesto cómo el vacío informativo de las primeras horas favoreció la aparición de bulos, rumores y mensajes alarmistas sobre las personas acogidas en Cuesta Blanca, contribuyendo a aumentar la tensión en una comarca que todavía busca respuestas sobre un dispositivo cuya puesta en marcha llegó antes que las explicaciones oficiales.

El debate suscitado en el Almanzora durante los últimos días evidencia que la principal controversia no ha girado tanto en torno a la llegada de los inmigrantes como a la gestión de la información sobre el dispositivo. La falta de comunicación previa con los municipios y la proliferación de contenidos falsos o descontextualizados en redes sociales han acabado marcando una crisis que alcaldes y responsables locales consideran que podría haberse evitado con una mayor coordinación institucional desde el primer momento.

En este sentido, fuentes solventes consultadas por este periódico aseguran que incluso desde el entorno de la ONG encargada de la gestión del recurso se comprende el malestar generado por la escasez de información inicial, tanto sobre el traslado de los residentes como sobre los vídeos e imágenes que circularon posteriormente por redes sociales y que contribuyeron a alimentar la inquietud vecinal.