Las discrepancias económicas y el cruce de acusaciones políticas vuelven a judicializar la vida municipal en Garrucha (o más bien, a aumentar los casos en manos de los tribunales). El actual alcalde de Garrucha, Álvaro Ramos, ha formalizado una nueva denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial contra la anterior regidora y actual concejal, María López Cervantes. El motivo: un supuesto desajuste en el cobro de las retribuciones de los cargos políticos aprobado en el arranque del mandato de 2019.

Según sostiene el escrito de Ramos presentado en la sede fiscal de la capital, los hechos podrían ser constitutivos de presuntos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación administrativa.

El origen de la polémica judicial se remonta al Pleno extraordinario celebrado en Garrucha el 27 de junio de 2019. En aquella sesión se fijó la masa salarial para el conjunto de los miembros del equipo de Gobierno con dedicación exclusiva y parcial en un máximo total de 151.000 euros anuales, según la denuncia.

Sin embargo, según señala el actual alcalde las cuentas no tardaron en descuadrar. Apenas unos meses después, en la sesión plenaria del 3 de septiembre de 2019, un grupo de la oposición advirtió que la suma abonada no se correspondía con lo aprobado, alcanzando los 164.000 euros brutos anuales. Un 'error' de 13.000 euros sobre la cifra fijada por el Pleno que, según el denunciante, vulneró el mandato del órgano colegiado.

La denuncia respaldada por el regidor garruchero adjunta el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, órgano fiscalizador que ya recogió formalmente esta advertencia sobre el desfase .

Petición de investigación judicial

Para el actual regidor, Álvaro Ramos, no se trata de un mero fallo técnico o administrativo, sino de una presunta maniobra que presuntamente habría derivado en un desvío o uso indebido de fondos públicos ajeno a la legalidad vigente.

Por todo ello, la representación legal del Ayuntamiento ha solicitado a la Fiscalía de Almería que abra diligencias y cite a declarar en calidad de investigada a la exalcaldesa María López Cervantes, sobre quien recae la presunta responsabilidad de haber dictado o permitido estas resoluciones durante su etapa al frente del Consistorio.

Será ahora el Ministerio Público el que deba determinar si existen indicios suficientes de delito para formular querella o si, por el contrario, el asunto queda encuadrado en el fragor de la batalla administrativa y política del Levante almeriense.