La medida anunciada por el Ayuntamiento de Garrucha de recurrir a detectives privados para vigilar posibles bajas fraudulentas entre los empleados municipales sigue dando de qué hablar. Tras detallar la iniciativa, el alcalde garruchero, Álvaro Ramos, ha justificado la necesidad de implantar este control basándose en la situación que vivió el Consistorio el pasado verano de 2025 cuando las bajas llegaron a afectar "al 30% de la plantilla", según ha cifrado.

Así lo ha aseverado el regidor durante una entrevista en la Cadena SER Levante, en la que ha defendido la iniciativa y detallado los motivos que han impulsado esta decisión inédita en la provincia comparando los números con otras localidades donde se ha aplicado aunque las bajas fuera significativamente inferiores. 

"Fuengirola tenía un 10% de bajas laborales; nosotros el verano pasado rozamos el 30% de la plantilla en bajas laborales, unas cifras escandalosas que colapsan los servicios básicos del Ayuntamiento y, por tanto, el dinero público de nuestros vecinos no se invierte correctamente".

"Perseguir el fraude, no al trabajador"

La reacción de los representantes de los trabajadores no se ha hecho esperar mostrando su rechazo a la propuesta, según ha reconocido el propio alcalde. Sin embargo, Ramos ha querido desmarcarse por completo de las acusaciones de hostigamiento laboral. "Lógicamente los sindicatos no están de acuerdo con la medida y la tachan de persecución y acoso. Nada más fuera de la realidad. Lo que se pretende es perseguir el fraude".

Según argumenta Ramos, el objetivo principal es salvaguardar las arcas municipales y el propio sistema de derechos laborales señalando que el fraude "abusa del dinero público que tenemos que pagar tanto al trabajador que está de baja como al que lo sustituye" y defendiendo que busca evitar que este derecho "se convierta en un abuso" para que "esté limpio, impoluto y siga siendo un derecho de los trabajadores".

Respecto a la aplicación de la medida, el Ayuntamiento ya ha redactado un borrador de reglamento que ha sido trasladado a los sindicatos en aras de la "transparencia". Este documento será llevado este mes de julio a la sesión plenaria para que "se debata públicamente" y "todos los grupos políticos puedan opinar".

Álvaro Ramos ha querido dejar muy claro que la intimidad de los empleados estará plenamente garantizada por la legislación vigente, estableciendo límites muy estrictos a las investigaciones. "No se puede acceder a sitios privados, grabar en sitios privados, ni en casas, ni en jardines privados... eso es evidente. La ley está para cumplirla".

Los planes del equipo de Gobierno pasan por acelerar los plazos administrativos para que la herramienta esté disponible de forma inminente ante la llegada de la temporada alta turística, momento en el que la población de Garrucha se multiplica y los servicios públicos sufren mayor presión.

"Espero que el reglamento se apruebe antes del día 15 de julio. En cuanto lo aprobemos, ya podremos hacer contratos con la empresa de detectives". Con todo, el alcalde concluyó con el deseo de que no sea necesario llegar a contratar estos servicios. "Es un reglamento que espero no tener que ejecutar. Simplemente que se apruebe y tenerlo ahí. Quizás no haya ni que llamar a nadie".