El Ayuntamiento de Albox ha aprobado en la jornada de ayer mediante un Pleno extraordinario iniciar las  acciones judiciales necesarios para su defensa en el proceso judicial en el que están involucradas 98 viviendas fuera de ordenación situadas en el paraje de El Romeral-La Aljambra.

Las casas fueron construidas entre el año 2004 y 2006 bajo el manato del PP. Dentro del procedimiento judicial en el que se pide su demolición también se reclama al Ayuntamiento una fianza de 3,1 millones de euros, lo que supondría el 41,7% del presupuesto municipal. Algo “inabarcable e inasumible”, reconocía ayer el alcalde socialista, Rogelio Mena, que inició la sesión plenaria recordando que “este equipo de Gobierno no es responsable de ninguna de las actuaciones que se señalan” y que expresando su “contundente oposición” a esta indemnización. Sobre la fianza, Mena aclaró que no permitirá “que el esfuerzo que este Ayuntamiento, trabajadores y ciudadanos hemos hecho en materia laboral y económica” se vaya al traste por la gestión de políticos de gobiernos anteriores.

Una vez que se ha informado a la Corporación acerca del auto judicial en el que se exige  la fianza de 3.104.185 euros, se ha aprobado por unanimidad la propuesta para autorizar y ordenar la presentación inmediata de escritos y recursos “en defensa de los intereses generales del municipio de Albox así como la personación del Ayuntamiento”.

Investigación

Los mensajes de indignación han continuado de la mano de la edil de Urbanismo, Sonia Cerdán, quien ha valorado la sentencia recordando que las competencias urbanísticas corresponden al Ayuntamiento y que “es totalmente injusto e ilógico que el dinero de todos los vecinos de Albox se destine a pagar ilegalidades con nombre y apellidos. Las competencias en disciplina urbanística son duras pero claras. Y por mucho que nos duela decirle a un vecino que no, cuando no se puede, no se puede”, ha sentenciado.

El paso siguiente ha sido votar la constitución de una Comisión de Investigación al objeto de depurar responsabilidades que se pudieran cometer durante los años en los que proliferaron las construcciones al margen de las leyes y normativas urbanísticas vigentes. Este punto también ha logrado el voto a favor de toda la Corporación y la comisión estará formada por un presidente que será el alcalde o quien éste delegue y la concejala de Urbanismo por parte del Grupo Socialista. El Grupo Popular, en la oposición, también contará con un representante, además de los técnicos y letrados correspondientes.

En este sentido el portavoz popular, Juan Pedro Pérez Quiles, se  ha pronunciado en la misma línea que lo viene haciendo desde que se conoció la noticia, animando a que se busque a los “responsables” de la situación que desembocando en este proceso judicial. Sobre este punto, el primer edil socialista ha concluido indicando que su “deber” es “la transparencia, la claridad y responder a las demandas de los ciudadanos. Ante una situación de estas características que puede ser muy lesiva para los intereses del Ayuntamiento creo que hay que depurar responsabilidades, si las hubiere”.