La Comisión Provincial de Valoraciones ha dado la razón a un agricultor afectado por la paralización de la Variante que, a principios de este año, presentó un recurso contra el Ayuntamiento de Roquetas al que solicita la expropiación de sus terrenos y el pago de una indemnización que palie los efectos negativos que ha sufrido, “al no poder dedicarlos a su uso natural, que es la explotación agrícola”.

Así lo dio a conocer ayer el despacho de abogados Escobar Navarrete, que mostró su satisfacción por este primer dictamen sobre las ocupaciones de terrenos agrícolas, que data del año 2007, para la construcción de la Variante.

El comunicado informa además que la propia Comisión, que depende de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, ha establecido que es el Ayuntamiento de Roquetas la administración responsable de establecer los justiprecios correspondientes a los terrenos en cuestión y, además, abonarlos en un plazo de tiempo cercano, puesto que afirma que los propietarios de las fincas afectadas tienen derecho a ser expropiados y a no esperar indefinidamente a que el Ayuntamiento materialice el pago del justiprecio por los suelos. “Se establece con toda claridad que el particular tiene derecho a ser expropiado, así como que la administración que tiene la obligación de expropiar es el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, y no la Junta de Andalucía como siempre ha defendido el Ayuntamiento”, incide el bufete.

Informes jurídicos
El Ayuntamiento instó el pasado diciembre a la  Consejería de Fomento - al considerar que, al ser los titulares finales de los terrenos, es competencia autonómica-, a que iniciara los expedientes de expropiación de los ocho propietarios con los que no se había llegado a un acuerdo de cesión a cambio de aprovechamiento urbanístico en Las Salinas y que ellos pagarían. No es el caso del demandante ante la Comisión de Valoraciones, que sí aceptó la permuta ofrecida por el consistorio. El Equipo de Gobierno se encuentra así a la espera de un informe de los servicios jurídicos municipales para tomar una decisión sobre un caso complejo.

Por su parte, Escobar Navarrete añade que en próximas fechas, la Comisión iniciará el expediente de valoración de los terrenos, fijando el precio que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar tendrá que pagar por la expropiación de los suelos que ocupó; mientras que “corresponderá en su caso al juzgado determinar si la indemnización por las cosechas perdidas debe ser o no incluida a la hora de fijar el precio de expropiación”.

El grupo de Izquierda Unida recordó ayer la moción presentada el pasado enero en la que se pedían estas indemnizacionesy se  proponía crear una comisión con los afectados, para permitir que los que aceptaron la cesión sean expropiados y desbloquear una obra “que no se debe iniciar sin antes solucionar el tema de los terrenos y las indemnizaciones a los propietarios”, insistía ayer el concejal Juan Pablo Yakubiuk.