El Programa de Ayudas Económicas familiares pertenecientes a la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía destinará este año un total de 475. 000 euros a las familias almerienses en situaciones de riesgo de exclusión social, que teniendo hijos a su cargo no pueden atender las necesidades básicas de los mismos.  1.371 familias y 3.023 menores de la provincia de Almería se beneficiaron el pasado año.

Un 9 por ciento más En la jornada de ayer se firmó los respectivos convenios de colaboración para la transferencia de los fondos destinados a estas ayudas a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de la provincia, así como a la Diputación Provincial de Almería.
El acto de firma ha contado con la presencia de representantes de los distintos ayuntamientos, la delegada Sonia Ferrer, el director general de Personas Mayores, Infancia y Familia, Ángel Acuña y el delegado de Igualdad, Salud y Políticas, Alfredo Valdivia.
Las ayudas se distribuirán de la siguiente forma: 164.277 se transferirán a la Diputación Provincial; 152.087 al Ayuntamiento de Almería; 16.929 al Ayuntamiento de Adra, 52.014 al Ayuntamiento de El Ejido; 21.152 al Ayuntamiento de Níjar; 49.943 al Ayuntamiento de Roquetas de Mar y 19.134 al Ayuntamiento de Vícar.
Estas ayudas suponen un 9% más del dinero destinado el año pasado, lo que supone, en palabras de la delegada del gobierno andaluz, Sonia Ferrer, una apuesta del Gobierno Andaluz por la atención a los colectivos más vulnerables
Estas ayudas se incluyen dentro del Plan Extraordinario de Solidaridad de Andalucía, desarrollado a través del Decreto-Ley de Inclusión.

Condiciones  A través del Empleo y Medidas Extraordinarias de Solidaridad en Andalucía, y van destinadas padres, madres o tutores legales de menores que concurran los siguientes aspectos: presencia de indicadores de riesgo para el menor en la dinámica familiar, existencia de necesidades básicas del menor que deban ser cubiertas, falta de recursos económicos en el hogar donde el menor resida o se reintegre.
También debe haber un programa previo de intervención familiar, pronóstico positivo sobre la resolución de la problemática detectada, y aceptación por parte de los destinatarios de la intervención de los Servicios Sociales Comunitarios, comprometiéndose a cumplir los objetivos establecidos en el programa de intervención.