El Gobierno reconoce como víctima del terrorismo a la familia Caparrós, mientras en Almería y Santander se clama igual justicia. La vicepresidenta María Jesús Montero afirmó que la decisión era “la fórmula más adecuada para dar una respuesta justa y necesaria para dignificar la figura del joven malagueño”. Hubo medios de comunicación que dieron por hecho que las familias de Juan Mañas Morales de 24 años, natural de Pechina, y sus compañeros de Santander Luis Montero García y Luis Cobo Mier, las tres víctimas del caso Almería recibirían una indemnización. El dolor de todas las víctimas del terrorismo es para siempre y esperan que haya empatía. Francisco Javier Mañas, hermano de Juan, felicita a la familia de Manuel José García Caparrós y muestra su perplejidad. “Estamos apesadumbrados. Decepcionados. Espero que el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, y la ministra, María Jesús Montero, trabajen en la misma línea con la que han salvado escollos para que las familias del caso Almería descansemos de alguna manera, al margen de reconocer que este Gobierno fue el primero en pedir perdón a las familias en el acto de la Subdelegación del Gobierno con asistencia de nuestra madre María que a los pocos meses falleció”. Desde Santander, mostró su estupor Javier Diego Montero, sobrino de Luis Montero, una de las víctimas: “Se nos dijo en la Subdelegación del Gobierno en Almería, en el acto de pedir perdón y reconocimiento, que la ley contemplaba una comisión y que ofrecería resultados sobre las víctimas hasta el año 1983. Queremos resultados porque saben en Madrid cuáles son nuestras demandas. Por supuesto felicitamos a la familia Caparrós”.

La primera reacción política fue de la coordinadora provincial de Izquierda Unida (IU), María Jesús Amate, quien lamentó que la reforma dejara fuera a las víctimas del caso Almería. “Estamos profundamente decepcionados. Seguiremos peleando desde IU y desde el grupo Sumar como le explicamos al Gobierno”. También, el coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maillo, ha reclamado que el reconocimiento no se circunscriba solo a García Caparrós, sino que el nuevo marco legal reconozca a las víctimas de la represión hasta el 1 de enero de 1983 y a los jóvenes del caso Almería, “asesinados vilmente por agentes de la Guardia Civil y que sus familias tienen que ser reconocidos también como víctimas de terrorismo de Estado”. La exsenadora Martirio Tesoro que ha colaborado con las familias desde el minuto uno mostró su enfado. “Es incomprensible y no puedo entender qué ha ocurrido y no es por cuestión de dinero, sino por temas de igualdad y discriminación que se ha producido con familias que ni habían pedido acogerse a la ayuda”.

Recordamos que el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes un decreto-ley que reconoce como víctimas a las familias de quienes fallecieron o sufrieron lesiones incapacitantes en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos. Se explicó que el marco temporal anterior, establecido por la Ley de Memoria Democrática de 2007, comprendía desde el 1 de enero de 1968 hasta el 31 de diciembre de 1977. Con la modificación, se extiende este reconocimiento hasta el momento de la instauración de la Constitución, incorporando así a quienes quedaron fuera del periodo inicialmente previsto. La norma establece el derecho a recibir una indemnización de 250.000 euros por cada víctima fallecida, que podrá ser percibida por hijos, cónyuge o personas que convivieran con la víctima en una relación de afectividad análoga. Según el Gobierno, esta medida busca equiparar las compensaciones a las otorgadas a las víctimas del terrorismo y garantizar la reparación integral de quienes defendieron la democracia. El decreto reconoce expresamente como víctima del terrorismo y de la represión franquista a García Caparrós, joven malagueño de 18 años, que murió por un disparo durante una manifestación en apoyo a la autonomía de Andalucía, el histórico 4 de diciembre de 1977. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, señaló que había contactado con la familia para transmitirle tanto “disculpas” como información sobre la aprobación del decreto. Según Emilio Cabrera de La Voz del Sur, la vicepresidenta Montero precisó que la familia de García Caparrós inicialmente había solicitado su reconocimiento ante la dirección general encargada de las víctimas del terrorismo, pero la respuesta de los funcionarios fue que su figura no se correspondía con lo que legalmente se marca como víctimas del terrorismo, que era más parecido a lo que viene a ser víctima de la memoria histórica o de la memoria democrática”. El Gobierno decidió impulsar un decreto-ley urgente que "permita recuperar las indemnizaciones en la Ley de Memoria Democrática que existían antes de la nueva ley y que, además, se asimilarán a las que se dan a las víctimas del terrorismo”, explicó la ministra.

Hay otros ejemplos de impunidad en Almería, aunque en 2007, el Gobierno anunció que la entonces denominada Ley de Memoria Histórica destinó 135.000 para la familia de cada víctima. En Almería es elocuente la falta de procesados o detenidos, tras el asesinato del estudiante de Biología, Javier Verdejo Lucas (Almería, 1958-1976), quien intentó pintar el lema “Pan, Trabajo y Libertad” y acabó tiroteado por un guardia civil “sobre las 24 horas del día 13 de agosto de 1977…), según la nota oficial de aquellos días, “sin que hasta el momento se haya esclarecido su muerte”. Y así sigue. El periodista Miguel Ángel Blanco denunció que su compañero, Manuel Gómez Cardeña, fue detenido por cubrir una de las manifestaciones que se produjeron por la muerte de Verdejo que estremeció a Almería. No terminó de hacer la pintada, cayendo herido de muerte.