Hasta la implantación del Tribunal de Instancia de Almería —operativo desde el 1 de enero de 2026 como parte de la tercera fase del nuevo modelo judicial—, los procedimientos civiles vinculados a la violencia de género se gestionaban dentro de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Esa práctica aseguraba que el personal funcionario encargado de tramitar divorcios, custodias o medidas paterno-filiales contaba con formación y sensibilización específicas. El Protocolo de Actuación de la Oficina Judicial de Almería, fechado en diciembre de 2025, ha roto esa continuidad al asignar dichos asuntos al Equipo 2 del grupo Familia, Infancia y Discapacidad (FIC).

La singularidad almeriense resulta difícil de explicar en el contexto andaluz. Las otras siete provincias —incluidas Sevilla y Málaga, con partidos judiciales de mayor volumen y complejidad— han mantenido esos procedimientos dentro de las secciones de Violencia sobre la Mujer de sus respectivos Tribunales de Instancia. El responsable de la sección sindical de CCOO FSC de Almería en Justicia, Pelayo Díaz, ha señalado que no existe razón técnica ni jurídica conocida que justifique la excepción.

La Ley Orgánica 1/2025, que sustenta toda la reforma, fue concebida para reforzar la especialización judicial. Su artículo 89, que reformó la LOPJ, mantiene expresamente las competencias civiles de las Secciones de Violencia sobre la Mujer: divorcios, custodia, crisis familiar y demás asuntos cuando concurren actuaciones penales por violencia de género o una orden de protección vigente. Además, el Real Decreto 422/2025 dotó cincuenta nuevas plazas judiciales y cuarenta y dos de Fiscalía —entre ellas una en la Fiscalía Provincial de Almería— precisamente para reforzar la respuesta especializada en esta materia.

Frente a ese marco de refuerzo normativo y presupuestario, el protocolo almeriense introduce un movimiento en sentido contrario. El sindicato provincial de Servicios a la Ciudadanía subraya que la contradicción no es solo formal: afecta de manera tangible a las mujeres que, tras denunciar a su agresor, necesitan resolver con garantías la separación, el divorcio o la custodia de sus hijos e hijas.

El impacto recae sobre víctimas que afrontan procesos judiciales en un momento de extrema vulnerabilidad. Pasar de una sección especializada —donde el personal ha desarrollado protocolos de trato, coordinación con el sistema VIOGEN y formación continua en violencia de género— a una sección generalista de familia supone, en la práctica, perder el entorno profesional que la legislación diseñó para protegerlas. La representación de CCOO en Justicia ha insistido en que no se trata de un problema organizativo menor, sino de una cuestión de dignidad y de derechos.

El acoplamiento del personal en el partido judicial de Almería quedó resuelto el 28 de enero de 2026, apenas un mes antes de que se conociera esta situación. Según ha detallado la organización sindical del sector, la elaboración del protocolo no contó con una evaluación de impacto sobre la atención a víctimas ni se sometió a consulta sindical previa en lo relativo a esta redistribución competencial.

Desde CCOO FSC de Almería se reclama la modificación inmediata del protocolo y una revisión del reparto funcional para garantizar que la atención civil a víctimas de violencia de género se preste exclusivamente desde la Sección de Violencia sobre la Mujer. Para ampliación informativa, el contacto es Pelayo Díaz, responsable de la sección sindical en Justicia (687 51 89 50).