El fiscal y la acusación particular de la Audiencia de Valladolid piden tres y seis años de prisión, respectivamente, para el empresario Alfonso P.B, administrador de la mercantil Explotaciones Agrícolas Luver S.L, con domicilio social en Roquetas, por considerar acreditado que en 2008 recibió de una empresa de Tordesillas (Valladolid) cerca de 4 millones de kilos de patas, valoradas en casi 700.000 euros, por las que no abonó uno solo euro y que, además, vendió luego a terceros a un precio muy inferior.

El procesado, durante el juicio celebrado el pasado martes en la Audiencia de Valladolid, reconoció haber encargado la mercancía y alegó, en declaraciones recogidas por Europa Press, que si no pudo afrontar la deuda contraída con la suministradora tordesillana de tubérculo, fue debido a que él mismo fue también objeto de impago por parte de los clientes a los que distribuyó a posteriori la mercancía, fundamentalmente una empresa de Italia.

Sin facturas

Pese a ello, el empresario, cuya mercantil se encuentra en concurso de acreedores, asegura que no inició acciones contra sus deudores por carecer de suficientes recursos económicos, aunque tampoco ha podido acreditar mediante la aportación de facturas las supuestas deudas contraídas con él por las sociedades aludidas, Importapatatas S.L, Frutas Congil S.L. y la italiana Petrelli Group, cuyos representantes han comparecido en la vista, los dos últimos por videoconferencia, para negar que tengan pendiente cantidad alguna de abonar por el suministro de patatas.

El representante legal de la suministradora de Tordesillas Patatas Valladolid, José Ramón A.A, explicó que tras la devolución de los pagarés trataron de ponerse en contacto con el comprador pero sin éxito ya que en su oficina les dijeron que había desaparecido sin dejar rastro.Durante la vista trestificaron igualmente otros dos suministradores de patatas y la representante de una empresa de transportes, quienes aseguraron que se les adeuda cantidades por importes de 220.000, 30.000 y 59.000 euros. En sus alegatos finales, frente a la petición absolutoria de la defensa, los acusadores han coincidido al considerar acreditado que Alfonso P.B. es autor de un delito de estafa que cometió de forma totalmente “calculada” y manejando los tiempos con absoluta precisión, en referencia a que el vencimiento de los pagarés se produjo cuando la totalidad de la mercancía ya había sido suministrada.

Pero además, inciden en que buena prueba de que nunca tuvo la intención de afrontar el pago de la mercancía es que vendió la práctica totalidad de la misma a un precio muy inferior al del mercado y que el caso de la empresa de Tordesillas no es “aislado” del conocido como  ‘timo del Nazareno’.