El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Berja, Víctor Martínez, ha acusado al alcalde del PP del municipio, Antonio Torres, “de estar jugando de forma obscena con las necesidades más básicas de la gente” al “boicotear” la aplicación del Decreto contra la Exclusión Social de la Junta de Andalucía que permitirá la contratación temporal de parados virgitanos  en actuaciones municipales.

Desde el PSOE han señalado que desde el ayuntamiento “se está poniendo trabas a la presentación de solicitudes por parte de personas y de familias que necesitan trabajar y que no disponen de muchos recursos económicos” con la decisión del alcalde de, entre otros, “cobrarles por la compulsa de documentación o por facilitarles certificados de convivencia”.

A estas críticas se suma el delegado territorial de la Junta en la consejería de Salud y Bienestar Social en AlmeríaAlfredo Valdivia quien ha criticado la falta de "sensibilidad" de algunos ayuntamientos como el de Berja.

Según el portavoz de la oposición virgitana, hay gente que por compulsar su documentación está pagando entre 7 y 20 euros “cuando el propio Decreto de la Junta señala que no es necesario  la compulsa de documentación y que el certificado de convivencia debe ser expedido de oficio por el Ayuntamiento al tratarse de datos que ya están en su poder”.

Según  Víctor Martínez, el portavoz socialista, desde el Ayuntamiento “han iniciado tarde y mal el programa  de la Junta”  y “en contra de las recomendaciones de la propia Diputación de Almería,  no se inició hasta el 3 de septiembre y sin darle apenas publicidad”.  El plazo para la presentación de solicitudes es el comprendido entre los días 3 y 17 de septiembre, ambos inclusive, “cuando en muchos otros ayuntamientos  este plazo ha sido de un mes para que pudieran optar el mayor número de parados”.

El Ayuntamiento de Berja (Almería) ha respondido a estas críticas y ha señalado que el coste de la documentación a presentar por las personas que quieran acogerse al Programa de Ayuda a la Contratación derivado del Decreto de Medidas contra la Exclusión Social de la Junta de Andalucía es "mínimo" y en cualquier caso "no superará en la mayoría de los casos los cinco euros". Así lo ha señalado en una nota en la que indica que "al igual que el resto de ayuntamientos de la provincia, dispone de una ordenanza municipal aprobada en pleno que fija el coste de estos documentos" mediante unas tasas que "son bajas" y "de igual aplicación para todos los ciudadanos".

Asimismo, el equipo de gobierno ha rechazado las acusaciones  y ha asegurado que ha hecho una "amplia campaña de difusión social"  con anuncios colocados en el Ayuntamiento, la Casa de la Cultura y en Servicios Sociales, lo que ha permitido que desde se abriera el plazo de presentación de solicitudes el pasado 3 de septiembre se hayan inscrito un centenar de personas.