La Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas, aprobada en el Congreso ha gustado a unos y disgustado a otros. Sea como fuere recoge una serie de medidas que suponen novedades con respecto al texto anterior.

La nueva Ley de Costas prohíbe nuevas edificaciones. Se mantiene la prohibición de edificación residencial en la costa, y se refuerza con mecanismos específicos preventivos, prohibiendo también que las obras de mejora impliquen aumentos de tamaño, altura o superficie.

Además,  mantiene la anchura de la servidumbre de protección en 100 metros. La reducción de la servidumbre a 20 metros sólo afectará a lo construido antes de 1988 y  que tuviera un carácter urbano. Se prohíben expresamente nuevas edificaciones en estas áreas.

Esta Ley salva algunas viviendas del dominio público terrestre. La Ley excluye núcleos de población del domino público al considerarlos innecesarios para la protección de la costa, algo que ya se prevé en la Ley de 1988 a través de la desafectación. Se trata de terrenos habitados y consolidados desde antes de 1988. En Almería se beneficiarán de esta medida 213 viviendas.

También hay viviendas que se benefician de la exclusión de núcleos de población del Dominio Público Marítimo Terrestre. Algunos terrenos de núcleos urbanos quedarán excluidos del dominio público de manera excepcional.
Hay asimismo, según el Gobierno, una mejora de la seguridad jurídica y recuperación de la titularidad de la vivienda. La reforma obliga a inscribir en el Registro de la Propiedad los bienes de dominio público desde que se inicia un procedimiento de deslinde.

Las viviendas situadas en zonas de servidumbre de protección,  que durante 25 años tuvieron prohibiciones de obras conforme a la Ley de Costas de1988, se benefician de la nueva Ley, pues permite mejorar y modernizar las viviendas, prohibiendo, en todo caso, en las obras de mejora un aumento de volumen, altura o superficie y evitando la degradación ambiental. En Almería se beneficiarán de esta medida 3.565 viviendas.

El nuevo texto da protección a instalaciones industriales y turísticas.  La Ley mantiene los usos permitidos y prohibidos en el dominio público marítimo terrestre. Se dará más seguridad a los chiringuitos en cuanto a plazos y condiciones de la concesión. Y se les exigirá más en términos de ordenación y cuidado de las playas. Además, se restringirán más en las playas naturales. La ley permitirá preservar un total de 93 restaurantes y chiringuitos en Almería y 12 hoteles, que generan 3.500 puestos de trabajo directos en la provincia.

Además, recoge un cambio importante en lo que a las salinas y el establecimiento de cultivos marinos se refiere. La nueva ley planea devolver la propiedad a aquellas salinas y establecimientos marinos que eran propiedad privada antes de la Ley de Costas de 1988. Se trata, según explicó la delegada del Gobierno en Andalucía, la almeriense Carmen Crespo, de “actividades beneficiosas cuya desaparición no ayudaría en nada a la protección del litoral”. En el caso de Almería hay salinas en Cabo de Gata y en Punta Entinas-Sabinar. Otra de las novedades es que atribuye competencias a los delegados del Gobierno para suspender cautelarmente obras que afecten a la integridad del dominio público marítimo terrestre o de la servidumbre de protección.