La parlamentaria almeriense Rosario Soto ejerció ayer en Sevilla de portavoz del Partido Popular en materia de Bienestar Social y lo hizo para arremeter contra la Junta por la reciente aprobación del decreto contra la exclusión social.

Criticó en rueda de prensa que ese decreto, que supondrá en la provincia de Almería, según la Junta, unos 6 millones de euros de inversión y una población beneficiaria de unos 9.000 almerienses, “está lleno de trampas” y obedece a una “campaña de imagen” del bipartito PSOE-IU en la Junta de Andalucía.

Soto Rico desmintió las cifras oficiales y negó que el decreto se haya dotado económicamente con 120 millones de euros. En concreto, la diputada autonómica almeriense cifró en poco más de 70 millones las ‘partidas extras’, condicionadas en algunos casos “a superar las previsiones de ingresos, algo que no ocurrirá”.

“Se trata de un ‘Plan E’ a lo pobre, con mucho voluntarismo zapaterista, pero sin criterios trazados para resolver el problema del empleo”, subrayó Soto.

Frente a medidas como garantizar que los escolares con menos recursos tengan garantizadas tres comidas al día - en Almería se estima que esa medida llegará a unos 3.500 niños -, la parlamentaria se mostró a favor de destinar el dinero previsto a aumentar las partidas de Salario Social para que fueran las familias las que alimentaran a sus hijos.

Y sobre la creación de empleos destinados a población en situación o riesgo de exclusión social - hasta unos 5.000 almerienses, la representante del Partido Popular recordó que los contratos previstos pueden durar un máximo de 90 días.

Rosario Soto recordó también que la Junta ha recortado el gasto social en casi 800 millones de euros.