El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Carboneras, José Luis Amérigo, ha denunciado que el equipo de gobierno, formado por PP y Gicar, ha gastado más de 200.000 euros en los despidos improcedentes de tres empleados del Ayuntamiento por ser militantes socialistas y por haber vulnerando sus derechos fundamentales usando, además, una empresa instrumental creada exclusivamente con la finalidad de tratar de justificar esa expulsión en la situación económica municipal.

Según ha detallado Amérigo, el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, contrató tres meses después de que PP y Gicar llegaran al Gobierno a una empresa sin experiencia en el ámbito económico-financiero para que realizara un análisis de la situación de las arcas municipales e ignorando las competencias y estudios previos realizados por el interventor municipal. Esta empresa, que cobró 46.400 euros por sus trabajos al Consistorio, emitió un informe de dos páginas en el que aseguraba que el Ayuntamiento tenía un remanente negativo superior a los cinco millones de euros y que “sirvió como coartada al alcalde para realizar los despidos” al basarse en la “alarmante situación económica del Ayuntamiento”, según el portavoz socialista.

Un mes después, se tuvo conocimiento de la liquidación de las cuentas municipales de 2011 en las que el interventor aseguraba que había un remanente positivo de 553.367 euros.

Entonces, el PSOE solicitó la celebración de un pleno extraordinario con el objeto de revocar los despidos y fue durante la celebración del mismo, ha explicado Amérigo, “cuando el portavoz del PP, Salvador Alarcón, mostró de manera descarada cómo el móvil de los despidos había sido única y exclusivamente político como finalmente han recogido las diferentes sentencias que han obligado a readmitir a los trabajadores”.

“Es indignante que los carboneros tengamos que pagar más de 200.000 euros para abonar indemnizaciones, informes y defensa jurídica del Ayuntamiento por el capricho y la revancha política de PP y Gicar, quienes deberían de preservar el Ayuntamiento como un espacio con las puertas abiertas en el que a ningún trabajador se le pida el carné de afiliación a ningún partido político”, ha considerado Amérigo.