La Ley de la Gracia de Indulto regula una fórmula única en el derecho español para exonerar los pecados de los reos y, aunque data de 1870, permanece hoy plenamente vigente. Es la norma invocada para limpiar el expediente de los mossos desquadra condenados por torturas en Barcelona, con la oposición de 200 juristas de todo el país, y es la misma usada para liberar a decenas de almerienses condenados en los últimos años.

Desde 1995, los gobiernos socialistas y populares han concedido 44 indultos a ciudadanos condenados por juzgados de la provincia de Almería. La lista de nombres y delitos es tan amplia como rica en matices. Parciales o totales, públicamente difundidos o gestionados con discreción, todos comparten un principio esencial: responden a una decisión unilateral del Ejecutivo que no necesita ser argumentada.

Las cifras publicadas en el Boletín del Estado demuestran pocas diferencias en la aplicación de la medida en función del color político del Gobierno. En los últimos 17 años, han pasado por la cartera de Justicia Juan Alberto Belloch (PSOE), Margarita Mariscal de Gante (PP), Ángel Acebes (PP), José María Michavila (PP), Juan Francisco López Aguilar (PSOE), Mariano Fernández Bermejo (PSOE), Francisco Caamaño (PSOE) y Alberto Ruiz-Gallardón (PP). Los socialistas indultaron a 21 almerienses y los populares a 23.

El caso más reciente
La última medida de gracia concedida a un reo de la provincia de Almería está fechada el 25 de mayo de 2012 y está firmada por Gallardón (como un Real Decreto). El beneficiario es Alejandro Francisco R. G. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería le condenó a tres años y medio de cárcel por un delito de lesiones cometido en 2006. Luego el Ejecutivo le conmutó parcialmente la condena y se la dejó en dos años.

En cuanto a la tipología delictiva, la ley no pone trabas. “Los reos de toda clase de delitos podrán ser indultados”. La Gobierno puede concederlo por iniciativa propia, recibir la petición de un juez o gestionar la solicitud de cualquier ciudadano (para otro). Cualquiera puede pedirlo. Si el potencial beneficiario está en la cárcel se incorpora al expediente un informe del centro penitenciario sobre el comportamiento del preso y su grado de “arrepentimiento”. No es vinculante, pero ayuda.

En la nómina de indultos almerienses se anotan robos a mano armada, lesiones, tráfico de drogas, delitos contra el medio ambiente, apropiación indebida, estafas, prevaricación y hasta un delito electoral, el protagonizado por Cristóbal y Rosario Fernández en Carboneras. Todos encontraron una salida en una ley cuyo objetivo es defender  “la justicia, la equidad o la conveniencia pública”, aunque algunos juristas encuentran en el ‘uso cotidiano’ una puerta falsa al estado de derecho. En tres décadas se han realizado más de 17.000, según el BOE. Rajoy, por ejemplo, lleva medio millar. Más indultos que días de gobierno.

El Ejecutivo prefiere el indulto parcial y los delitos sin sangre

La historia de los indultos es la crónica de miles de historias personales, de apoyo popular, de misiones imposibles y de pocos finales felices. Aunque el Ejecutivo haya exonerado a 44 almerienses, el mecanismo de la ley permite a cualquier ciudadano solicitar el indulto para otro y esto provoca que las peticiones se multipliquen. En las estadísticas almerienses, los distintos gobiernos han optado por premiar la buena conducta (y el arrepentimiento) en casos preferiblemente sin sangre, en penas generalmente inferiores a los cinco años y con la fórmul