Desde que María Muñiz se pusiera al frente de la Concejalía de Seguridad y Movilidad, allá por el mes de junio del pasado año, la aprobación de la denominada como ordenanza cívica que estaba preparado para aprobación aunque sin consenso con la oposición por parte de su predecesor, José Carlos Dopico, está parada.
El motivo de este frenazo, según la edil, son algunos de los temas que regularía esta normativa y que, además de generar polémica política, no terminan de ser parte de las competencias municipales.
Sin duda la parte más conflictiva del texto que ya estaba preparado es la referida a la prostitución, de hecho fue el tema que provocó un estancamiento en la negociación con los grupos de la oposición.
Explica Muñiz que la intención municipal pasa por sacar de la normativa todo lo vinculado a la prostitución porque “no es operativo cargar con competencias que no son nuestras al Ayuntamiento y más para un problema para el que no tengo solución”.
Ante la posibilidad de realizar una normativa aparte sólo para la gestión de la prostitución como ya ocurre en otras ciudades como Sevilla, la responsable de Seguridad y Movilidad no termina de verlo  claro ya que, precisamente en estos lugares “no se ha solucionado el problema y además ahora es culpa del Ayuntamiento” por lo que no convence la idea.
Texto preparado
Cabe recordar que en esta normativa se regulaba a los tres agentes de la prostitución: el cliente, la prostituta y el proxeneta estableciendo multas por “ofrecer, solicitar, negociar o aceptar servicios sexuales retribuidos en los espacios y vías públicas”.
En el caso de que este tipo de actividades se practicaran a menos de 200 metros de zonas residenciales, comerciales o de actividad industrial sería considerado como una infracción grave. Si esos 200 metros de distancia eran con respecto a un centro educativo, la infracción estaría considerada como muy grave dentro de las sanciones.
Se consideraba dentro de esta nueva normativa como una infracción muy grave mantener relaciones sexuales retribuidas en los espacios públicos, y cualquier actividad que se encuentre vinculada al proxenetismo. Tanto es así que era considerado como infracción hasta el hecho de transportar a las prostitutas y su colocación en la calle.