La portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Esperanza Pérez, ha expresado la “oposición frontal” del PSOE a la reforma de la administración local que el Gobierno del PP pretende aprobar en el próximo Consejo de Ministros. Pérez ha advertido de que “lo que pretende el PP” con esta reforma es “quitarles poder” a los ayuntamientos de los pueblos de menos de 20.000 habitantes y entregárselo a las diputaciones provinciales, lo que convertiría a los alcaldes en “simples figuras decorativas”.

Hay que recordar que en Almería, de los 102 municipios que hay, solo seis (Almería, Roquetas, El Ejido, Adra, Vícar y Níjar) superan la cifra de los 20.000 habitantes.

Para la portavoz socialista, con esta medida habrá “ciudadanos de primera y de segunda”, ya que los que vivan en pueblos pequeños elegirán a unos representantes y otros serán quienes les administren. Para Pérez, se trata de un recorte de los “intermediarios sociales” y “un recorte a la democracia, no un ahorro”.

Entre otras cosas, el anteproyecto de ley elaborado por el PP recoge que “en los Municipios con población inferior a 20.000 habitantes, las Diputaciones, o los Cabildos o Consejos Insulares en su caso, asumirán la titularidad de las competencias para la prestación común y obligatoria, a nivel provincial o infraprovincial, de los servicios previstos en este precepto, cuando la prestación en el ámbito municipal, ya sea en razón de la naturaleza del servicio, la población, o la sostenibilidad financiera no cumpla con los estándares de calidad a que se refiere el apartado anterior, o sea ineficiente en atención a las economías de escala”.

Entre estas competencias se encuentran alumbrado, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento de agua potable, alcantarillado, pavimentación de vías públicas, mercado, etc.

Tanto los estándares de calidad o la ineficiencia se dejan para ser regulados en un real decreto de redacción posterior.

Pero las críticas de PSOE no se dirigen solo a la pérdida de representatividad que pueden sufrir los vecinos de los pequeños pueblos, sino que, en su opinión, permitiría a los presidentes de las instituciones provinciales entregarles, a su vez, la gestión de los servicios públicos a “unas cuantas empresas, para que hagan negocio”.

Esperanza Pérez ha planteado que si la Diputación tiene que asumir nuevas competencias y la gestión de nuevos servicios, solo le quedan dos caminos, “engordar en estructura o sacar a concurso esa gestión, lo que supone una privatización controlada de los servicios municipales”.

Mientras, el vicepresidente segundo de Diputación, Miguel Ángel Castellón, ha asegurado que la Reforma de la Administración Local es “una exigencia de la ciudadanía para eliminar el despilfarro, la maraña administrativa y la confusión sobre las competencias de cada uno”.

Para Castellón, la reforma persigue entidades solventes y eficientes y aportará transparencia a la gestión, de forma que se sepa dónde va cada euro que entra en las arcas públicas”.