La Consejería de Justicia e Interior se pone el parche antes que la herida y, aunque el Partido Popular ha manifestado en varias ocasiones que no comparte la reducción del número de partidos judiciales, el gabinete de Emilio de Llera quiere estar preparado para los resultados del estudio sobre Planta y Demarcación Judicial que prepara el Ministerio de Justicia. La Consejería ha anunciado la formación de grupo de trabajo para evaluar el impacto de la reorganización del mapa judicial en Andalucía, según recoge una respuesta parlamentaria a Izquierda Unida.
En Almería hay, al menos, seis localidades muy pendientes del proyecto de la planta judicial, a saber, Huércal Overa, Vera, Berja, Roquetas de Mar, Vélez Rubio y Purchena. Son las localidades que se jugarían mantener o perder sus juzgados si se acogiera la propuesta de reorganización del mapa realizada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que reduciría de ocho a tres las demarcaciones. Es decir, se agruparían en partidos más amplios, con mejores servicios centrales pero más alejados.
De momento, PSOE, PP e IU aprobaron en el Parlamento Andaluz la pasada semana una moción que rechazaba esta solución para la demarcación judicial y pedía al gobierno central diálogo para cualquier otra modificación futura. Y es aquí donde la Consejería de Justicia quiere estar preparada. El borrador de la Ley Ley de Demarcación y de Planta Judicial debe conocerse entre los meses de septiembre y octubre.
Proyecto
Fuentes del Partido Popular consultadas al respecto apuntan a que las soluciones irían encaminadas fundamentalmente en la reorganizar la planta, es decir, la organizaciones de los tribunales, los jueces y su personal, y no tanto en tocar el mapa judicial, más complejo y caro.
Mientras tanto, la Consejería de Justicia e Interior quiere llevar a este grupo de análisis “las aportaciones de instituciones y colectivos afectados como las variables demográficas, la red de comunicaciones, la carga de trabajo de los distintos órganos, el aprovechamiento de las infraestructuras judiciales disponibles en nuestra Comunidad y las particularidades de cada territorio, a fin de presentar una propuesta de demarcación fundamentada en bases sólidas”, en palabras del consejero.