Agentes de la Guardia Civil han arrestado en la pedanía de Palomares (Cuevas del Almanzora) a una mujer acusada de saltarse el confinamiento y guardar un pequeño alijo de hachís destinado al mercado a pequeña escala. La intervención se produjo la tarde del lunes durante las labores de protección de la seguridad ciudadana y de control del cumplimiento de las medidas dictadas en el decreto de alarma por la crisis del coronavirus.

Una patrulla del Instituto Armado observó a dos personas que aparentemente se saltaban el confinamiento e iniciaron una pequeña persecución para su identificación. La actuación terminó por destapar un caso de tráfico de drogas al menudeo.
El seguimiento llevó a los guardias civiles hasta un descampado cercano donde la detenida descansaba en una zona ruinosa, sobre una hamaca, totalmente ajena a la obligación de permanecer en su domicilio por la crisis del Covid 19.

Las explicación incongruentes de la mujer obligaron a los agentes a levantar un acto de propuesta de sanción y a realizar un registro de sus pertenencias. Hallaron entonces la droga.

Menudeo

Según fuentes policiales, esta ciudadana tenía 14 dosis de hachís, fragmentadas, listas para su venta a los consumidores. Además, en un viejo frigorífico se encontró un paquete más grande, de unos 60 gramos, de resina de hachís. La pieza servía para alimentar presuntamente la distribución de dosis más pequeñas en la zona. Fue decomisada.

La Guardia Civil arrestó a la mujer acusada de un delito de desobediencia grave y un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Además, le imputa un delito contra la protección de la flora y fauna por la tenencia de una especie protegida. Durante el registro de sus enseres, los agentes hallaron también seis ejemplares de tortuga mora. Esta especie está protegida y su comercio perseguido pro la ley como un delito.

A estas acusaciones, la mujer tendrá que sumar también un expediente de sanción por el incumplimiento de las medidas de confinamiento por el coronavirus, una infracción a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana que supone multas económicas a partir de los 600 euros.