Iluminada Fernández, presidenta de la controvertida Comunidad de Regantes Rambla Morales desde diciembre de 2011, intentará hoy nombrar en asamblea una Junta de Gobierno que valide las decisiones que corresponden a su cargo.
 Fernández, esposa del anterior presidente imputado por distintos delitos de estafa, falsedad documental y apropiación indebida, acumula seis meses en la presidencia sin poder llevar a cabo ninguna acción al no contar con Junta de Gobierno.
La presidenta cuenta con problemas para ser considerada una interlocutora válida ante La Caixa, la entidad acreedora de 125 millones de euros, e incluso no ha podido hacer efectivo el apartamiento de Carlos Calatrava como abogado de la Comunidad y recuperar al anterior Agustín Lázaro Benavides.
Por tanto, Fernández se encuentra en un callejón sin salida del cual espera empezar a salir hoy con el nombramiento de los cargos. Necesita, según los estatutos, al menos, cuatro personas para formar Junta de Gobierno: un secretario, un tesorero y dos vocales.
Sin embargo, fuentes de la propia Comunidad aseguran que un grupo de comuneros intervendrán previamente solicitando que no se lleve a cabo la asamblea “al tratarse de una Junta irregular”.
Este grupo lo argumenta en que la convocatoria de esta junta adolece de varios defectos legales: es necesario que un secretario (que no existe) levante acta un día antes de las candidaturas y una Junta de Gobierno saliente que haga la propuesta de la candidatura.
En la asamblea de diciembre se produjo la dimisión en bloque de la Junta de Gobierno, creándose desde entonces un vacío legal.
Ante la inestable situación que sufre la Comunidad, algunos comuneros han puesto el caso en conocimiento de la Agencia Andaluza del Agua de la Junta de Andalucía que tiene responsabilidad de tutelaje. Pero, por el momento, no ha habido ningún movimiento desde la Administración Autonómica.
Rambla Morales cuenta  con 500 comuneros, de los cuales 300 pertenecen a la Plataforma de Afectados por la desaladora, según su presidente Bonifacio Berenguel, que han dejado de pagar las cuotas a La Caixa al considerarse estafados por la directiva de Antonio García Pardo.
Los comuneros han intentado hasta hace pocas fechar crear una Comisión Gestora pero no se ha llegado a un consenso.