La operación de venta de inmuebles de la Junta de Andalucía, anunciada en noviembre de 2010 para sanear déficit, ha quedado, de momento en un chasco.
José Antonio Griñán llevaba entonces a Consejo de Gobierno  un acuerdo para vender un lote de 90 edificios de propiedad pública autonómica -entre ellos seis en Almería- repartidos entre toda la administración periférica y central.
La razón de esta macrooperación de enajenación no era otra que la de conseguir liquidez en las caninas arcas andaluzas. Con ello pretendía obtener una inyección de capital, un operación de ‘botox’ para su maltrecho balance, de 950 millones de euros sobre una oferta al mercado de 400.000 metros cuadrados agregados entre todos lo bienes inmuebles en las ocho provincias.
Céntricos edificios
Almería aporta a esta operación de venta el edificio conocido como Nuevos Ministerios, en la calle Hermanos Machado; el inmueble que ocupa la Delegación de Salud, en Carretera de Ronda; el Instituto Andaluz de la Juventud, entre General Tamayo y Martínez Campos; la flamante delegación de Hacienda, en  calla Arpilles, gobernada aún por Juan Cáceres; y el edificio de la delegación de Servicios Sociales, en el dintel de la Calle Las Tiendas.
La comercialización se anunció, como una medida estelar para recaudar dinero a corto, a través de la fórmula del sale&leaseback (venta y posterior alquilar a la propia Junta).
Cuaderno de venta
Sin embargo la realidad ha desplomado, como le pasó a la lechera con sus cuentas. Esos cándidos cálculos iniciales y lo que se ofrece por el lote en el mercado es ahora la mitad de lo que preveía ingresar el gabinete de Carmen Martínez Aguayo.
BNP Paribás, la entidad financiera a la que se adjudicó el cuaderno de venta, desde casi el primer momento retiró algunos de los activos menos atractivos en el mercado inmobiliario y la cifra objetivo se rebajó a 600 millones.
Cantos de sirena
En el caso de la provincia de Almería, se trata de inmuebles bien situados que, en los años de bonanza económica y financiera, hubieran sido objetivo de los grandes grupos del sector que abrieron delegación en la ciudad.
Sin embargo, ahora la operación se ha endemoniado. Solo se han podido concretar ventas de activos de escaso valor para las pretensiones iniciales, pese a que la idea era desprenderse de todos los edificios antes de 2012. Ante el enfriamiento de las pujas y del precio ofrecido, la Junta ha preferido congelar el plan de ventar a la espera de tiempos mejores en los que el valor de mercado coincida con las tasaciones iniciales.
Inversores internacionales
BNP ha llegado a establecer en los últimos meses contactos con inversores internacionales con músculo financiero para acometer una compra de esta envergadura. Pero las negociaciones no han fructificado.
El parón electoral también ha perjudicado la operación por la incertidumbre del nuevo inquilino de San Telmo. Y a eso se añade que la situación financiera del país, con los bancos en franca retirada del crédito, ha bloqueado también las expectativas de encontrar compradores.
Los compradores de estos inmuebles cuentan con una dote asegurada que puede alcanzar hasta los 30 millones anuales por el alquiler a la propia administración autonómica  durante un periodo de veinte años con posibilidades ampliar cinco más. Es decir la Junta vende y el comprador se asegura un arrendamiento.