El equipo de Gobierno ejidense ha valorado como “ muy positivo y favorable a los intereses del Ayuntamiento”, el auto dictado por el juez, Jesús Miguel Hernández, en el que ordena la intervención y retención de los créditos concedidos, dentro del plan de pagos a proveedores, para satisfacer las facturas de ocho de las empresas implicadas en la presunta trama corrupta que investiga el Caso Poniente.

El portavoz municipal, José Francisco Rivera, explicaba ayer que “el equipo de Gobierno lo ha entendido como una necesidad de que existan garantías suficientes para que, en el caso de que se derivaran responsabilidades económicas a favor de este Ayuntamiento con todo lo acontecido en el marco de la Operación Poniente, que exista dinero para cumplir con esa obligación de retorno de caudales a esta administración”.

Rivera, aunque está casi seguro de que esta decisión, “será recurrida”, suma hasta los 95 millones de euros  los que “estarían sujetos a la retención de esta medida cautelar”. De ellos, 81 millones corresponden a la Empresa Mixta de Servicios Municipales, Elsur, y el resto se repartiría en facturas de las subcontratas de la mercantil Jardines del Alcor, Agua y Gestión de Servicios Urbanos; y las contratas municipales Contenedores Lirola, Hermanos Lirola, Lobelia Gestión y Clabert Gestión. Todas ellas figuran en las diligencias del Caso Poniente como sociedades que ingresaban fondos del Ayuntamiento mediante la prestación de servicios con evidentes sobreprecios y facturas ‘infladas’.

Prejudicialidad penal
El portavoz ejidense considera que la medida cautelar adoptada está “en la misma línea que la del Ayuntamiento”, quien planteó, por dos veces, la prejudicialidad penal en el caso del contencioso que se mantiene con Elsur. “El auto del juez no varía significativamente la filosofía planteada por este Ayuntamiento al haber planteado la prejudicialidad penal, que aunque solo afectaba a una parte que era la cantidad más importante (81 millones), tiene como objetivo el mismo: una garantía de que esa reclamación de deuda que podía verse obligada a satisfacer el Ayuntamiento, tras una sentencia que pudiese reconocer el derecho a cobrar esas facturas por parte de Elsur, quedara ahí sujeta a una resolución de la Operación Poniente”.

No afecta a la deuda
Rivera sí deja claro que “esta medida cautelar no varía nada el procedimiento del plan de pago a proveedores. Refiriéndose a que el Ayuntamiento “ya ha formalizado sus 116 millones de euros en préstamos, se ha procedido al pago, y al auto viene de forma posterior. Así que nada afecta al endeudamiento que ha tenido que asumir esta casa que sigue con este marrón de 116 millones al 6% de interés  y que hay que pagar en los próximos diez años”.